SOBRE HÉROES Y TUMBAS

Este cronista, que se reconoce afecto a las definiciones,  puesto a precisar a las Naciones Unidas sin duda no titubea un instante en calificarla como UN ÓRGANO MULTIESTATAL MERAMENTE DECLAMATIVO REGIDO POR UN CUERPO EJECUTIVO DE CONFORMACIÓN HISTÓRICO BELICISTA Y NATURALEZA  IMPEDITIVA. Obviamente que todo aserto que se precie de tal amerita una exégesis, palabra que proviene del griego y que la podríamos traducir en beneficio de esta Página 2, como el ejercicio fáctico del análisis critico. En primer lugar, solo los Estados reconocidos internacionalmente tienen representación formal ante las Naciones Unidas, status por demás arbitrario que deja afuera del mundo a aquellos pueblos que por razones históricas y políticas se ven impedidos de conformar jurídicamente un país. Son decenas las situaciones mas conocidas que demuestran el mero carácter declamativo de las resoluciones de la Asamblea General. Valga como ejemplo el pronunciamiento reiterado y casi unánimemente exigiendo el levantamiento del brutal bloqueo que hace décadas lesiona a Cuba; el instar hasta el hartazgo al Reino Unido a discutir en mesa de negociaciones con la República Argentina la soberanía y descolonización de las Islas Malvinas; las consensuadas resoluciones  que afirman y ratifican anualmente que para resolver la crisis del pueblo palestino es vital la concreción real y efectiva de la consigna Dos Pueblos – Dos estados; y para que mencionar las cientos de declaraciones oponiéndose  a invasiones e intervenciones de todo calibre habidas en las últimas décadas,  las que  procazmente son desvergonzadamente desoídas por  los respectivos invasores e interventores. Quizás, por todo esto y mucho más, las Asambleas Generales anuales de las Naciones Unidas son formales, previsibles y casi bucólicas. Pero no escapará a la aguzada inteligencia del lector de esta columna que toda regla general, por su intrínseca naturaleza, tiene excepciones. 

El 17 de septiembre tuvo lugar la apertura del 68° Periodo Anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A diferencias de otras ocasiones, en las oficinas y pasillos del imponente edificio de verdes vidrios y banderas multicolores construido a orillas del East River en el Midtown de Manhattan, Nueva York; temas críticos como el espionaje cibernético global de los Estados Unidos, el posible ataque militar a Siria, la crisis económica sistémica y la probable apertura de Irán hacia occidente, movían el amperímetro de la tensión internacional, todo lo cual predecía que esta no iba a ser una asamblea mas, y realmente no lo fue.

Quizás por primera vez en la historia, predeterminados presidentes de América Latina actuaron coordinadamente en el seno de las Naciones Unidas en una clara intención de dotar al evento de un esencial contenido contestatario, dando muestras de una coincidente dirección ideológica al sumar voluntades en la defensa irrestricta de las soberanías nacionales y contra toda imposición económica y política por parte de los países dominantes. No hubo al respecto, medias tintas ni indefiniciones, primó en cada una de las intervenciones firmeza política y conceptos precisos.

El primer orador que efectuó la apertura de la Asamblea,  el 24 de septiembre, fue la presidente del Brasil, Dilma Rouseff, quién dirigiéndose directamente a Barak Obama acuso a los Estados Unidos de violentar leyes internacionales, ser manifiestamente antidemocrático, violar los derechos humanos y las libertades civiles. Por la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció el “doble estándar” y las desigualdades a la hora de tomar decisiones en los países del Norte. “Si el presidente Obama habla por teléfono con su par iraní es un avance hacía el dialogo y el entendimiento. Si el gobierno argentino da un paso para encontrar instancias de diálogo con Irán, en cambio, esta cediendo ante un Estado terrorista”. Al afirmar que no hay guerras justas, ya que solo la paz es justa, la primera mandataria, crítico la hipocresía de Washington, quién amparándose en la presunta lucha contra el terrorismo internacional justifica incondicionalmente su permanente y continua política belicista. Finalmente, puso en evidencia el anacronismo del Consejo de Seguridad, donde aún hoy, después de mas de seis décadas, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial poseen un injusto y desnaturalizante derecho de veto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, enfáticamente planteo ante el pleno de la Asamblea una genuina crítica al capitalismo. El capitalismo quiere salvar su crisis con las guerras, afirmó, y acto seguido, preguntó al plenario ¿A quienes benefician las guerras?  ¿En manos de quienes se quedan los países intervenidos después de los bombardeos? ¿Quiénes gobiernan los Estados Unidos, los ciudadanos o las empresas que financian las guerras? ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando los servicios de inteligencia espían a presidentes y a estas propias Naciones Unidas?

Como colorario estaba previsto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerrase las intervenciones de los mandatarios latinoamericanos, sin embargo al avión que lo traía de su gira por China le fue negado el paso a través del espacio aéreo de Puerto Rico, país de vergonzante status de Estado Asociado a los EE.UU. Coincidentemente y pese a que -según el programa oficial de la Asamblea-, Maduro aparecía en la nomina de mandatarios que intervendrían durante la sesión del 25 de septiembre, a última hora su nombre fue quitado sin explicación alguna de la lista de oradores. Toda una predecible coincidencia.

Lo importante y determinante es que ante el foro mundial, los presidentes en sus discursos fijaron posiciones unánimes, plantearon debates estructurales e instalaron temas que seguramente marcaran en el futuro promisorias agendas. 

Surge con claridad que América Latina intenta decididamente dejar de ser el patio trasero reivindicando el histórico mandato enmancipatorio de la Patria Grande.

Y finalmente, hablando de definiciones, exegesis y coincidencias, este cronista tiene la intima convicción que en esta profunda crisis global del sistema, hoy definitivamente ya existen héroes y tumbas.

                                             J. R.

DE QUE JUSTICIA NOS HABLAN?  (Epilogo)

No es la intención de este columnista efectuar la exegesis jurisprudencial del fallo Rizzo, emitido por la Corte Suprema el 18 de junio, por el cual se declararon inconstitucional los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley  26.855. Mencionar una vez más la previsibilidad corporativa del pronunciamiento exprés, la orfandad de basamento jurídico del voto de la mayoría en contraposición con el fundamento socio jurídico político de Zaffaroni; referenciar sectorialmente la posterior algarabía y la contraria desazón, sería efectuar una crónica de hechos que simplemente -en si mismos y lábilmente-, hoy ya son solo acontecimientos.

La importancia fáctica del fallo está basada fundamentalmente en dos circunstancias, la primera los actos y los actores que lo motivaron, y la segunda, la perspectiva de una larga e intrincada lucha tendiente a lograr la consolidación de la democratización de la justicia, cuestionamiento que por primera vez en la historia se da paralelamente tanto en la sociedad como en el propio seno del Poder Judicial, sin distinción de jerarquías.

Hacer el eje del debate solamente en la forma de elección del Consejo de la Magistratura es actuar con evidente miopía y estrechez.

Es absolutamente inadmisible arbitrar una solución gatopardista; lo que el fallo pone en evidencia es la puesta en crisis de todo el sistema judicial conjuntamente con el rol del poder fundante, es por ello que el objetivo fundamental deviene, impostergablemente, el procurar la consecución del cambio de paradigma.

Las antinomias y la perversión, son visibles casi a simple vista.

La elección del Consejo de la Magistratura, voto directo y universal, o voto calificado corporativo.

El desprecio ante la mínima posibilidad de reglar el juicio por jurados establecido por la Constitución y postergado desde hace mas de ciento cincuenta años; ya que para la corporación, no ha de ser el saber popular sino aquellos que están imbuidos del sacramental conocimiento, los destinados a gobernar el reparto de castigos.

El desconocimiento liso y llano de la voluntad popular, que se expresa a través de sus representantes elegidos democráticamente, arrogándose el gobierno judicial la irrefutable función de evitar pretendidos excesos de la democracia política, con el presunto y declarado propósito de proteger genéricamente derechos de hipotéticas minorías, absteniéndose a sabiendas, de enunciar la definición de las mismas y los intereses objeto de protección.

El mantenimiento a ultranza del mito de las magistraturas no contaminadas políticamente. Acaso hay alguien que no recuerde el rol represivo de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, el “Camarón”, en la dictadura de Onganía; hay alguien que desconozca la existencia de los genocidas de toga que desde 1976 a 1982 avalaron, por acción u omisión,  la tortura y las desapariciones; quizás cayó en el olvido  la década infame de los pronunciamientos contra natura de la tristemente celebre Corte Menemista y su mayoría automática; y que pasa con la actual Cámara Civil y Comercial Federal y sus fallos adversos a la plena e integral vigencia de la Ley de Medios, desvergonzadamente emitidos en exclusivo beneficio económico y político  del Multimedios Clarín;  y porque no,  el actual fallo Rizzo, incuestionable tributo genuflexo a la corporación judicial y al estamento de los abogados, donde intencionalmente se confunde inconstitucionalidad con incorrección de una ley, a sabiendas que ello tendrá como consecuencia inmediata la irremediable inaplicabilidad de la misma, o lo que es lo mismo, como dijera Hans Kelsen, su imperecedera muerte.

En el marco genérico de la pretendida salvaguarda del principio de la división de Poderes, ha quedado demostrado que con la conducta de la Corte,  el Poder Judicial asume con absoluta convicción, que puede y debe controlar a los otros poderes del Estado, pero en contraposición, no puede ni debe ser controlado por éstos. La independencia de los poderes así planteada es un simple eslogan, ya que el principio de división de poderes en modo alguno preconiza un funcionamiento completamente autónomo, sino que se establece un sistema coordinado de controles recíprocos, dicho de otra manera, existen en nuestra Constitución expresas disposiciones que crean un sistema de interacción permanente de pesos y contrapesos que precisamente determina el mecanismo intrínseco de la mentada división. 

El Consejo de la Magistratura, de hecho, es la única instancia en que el Poder Judicial es controlado por otro poder del Estado. Fue, precisamente la reforma constitucional de 1994, quién a la participación del Poder Ejecutivo que proponía un juez, y del Senado que le prestaba acuerdo, le sumó sustancia política creando un Consejo de la Magistratura integrado precisamente por consejeros de tales características  con la idea de sumar un mayor control de idoneidad a los potenciales jueces. La intención legislativa expuesta en la sanción de la Ley 26.855 fue precisamente democratizar la elección de los consejeros políticos mediante el sufragio directo y universal desplazando el contubernio corporativo, armado en la oscuridad y a espaldas de la ciudadanía.

El fallo Rizzo, indefectiblemente, ha marcado un antes y un después. La decisión de Corte Suprema ha generado políticamente un verdadero choque cultural, en términos de entender el derecho, con relación al control de la constitucionalidad, y en definitiva en el interactuar del sistema judicial con la sociedad, quién a la postre se ha visto vulnerada en sus legítimos derechos de ejercer libre y democráticamente el protagonismo y la participación ciudadana en todos los estamentos de gobierno.

                                                 J. R. 

DE QUE JUSTICIA NOS HABLAN?

Existen acontecimientos que por su trascendencia parecerían poder transformar por si solos las realidades conflictivas, intrínsecas y estructurales de los países.  Tal es hoy lo que ocurre con el gobierno argentino, que tras el fallecimiento de Chávez podría encontrase con la necesidad de desempeñar un rol diferente en el desarrollo de las transformaciones de paradigmas en Latinoamérica. Y obviamente que decir de los cambios que implicará la entronización del obispo de Buenos Aires -quién hace casi diez años que no contaba con la presencia del Presidente de la República en el Tedeum metropolitano-, hoy devenido en Su Santidad Francisco, quién en uno de sus primeros actos protocolares ha invitado a almorzar en la residencia Santa Marta, en el Vaticano, a Cristina Fernández de Kirchner, encuentro que insólitamente estuvo signado por besos, regalos y deseos recíprocos de buena venturanza.

Es indiscutible que si hay algo que caracteriza a la política es precisamente la permeabilidad a la dinámica de los cambios. Pero claro que esta regla -como toda regla que se precie de ser tal-, tiene sus excepciones: Si hay algo que no cambia en nuestro país es la estructura cristalizada de su Poder Judicial, el anacrónico método de dación de justicia, el inveterado uso de un lenguaje encriptado solo digno de ser hablado y entendido únicamente por los iniciados, irreductibles tiempos de resolución de conflictos absolutamente ajenos a las necesidades de los justiciables, la existencia de vínculos y compromisos que denigran el principio de neutralidad, la desestimación de las necesidades de los sectores sociales vulnerables, y la consentida desprotección a la victima.

 Perecería que la convocatoria que realizó el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Parlamentaria reclamando la necesidad de democratizar la justicia, fue efectuada ante el hartazgo provocado por el uso abusivo de las medidas cautelares arbitradas en contra de los intereses del estado, mas precisamente ante los impedimentos de la plena aplicación de la ley 26.522 por parte del Grupo Clarín que como es sabido, también hasta el hartazgo, antepone sus negocios privados a la libertad de expresión. Sin embargo, la afirmación vertida en estos términos es evidentemente mezquina, infantil y tendenciosa. El debate de la democratización de la justicia no es contra nadie, sino a favor de promover la creación de instrumentos institucionales que permitan mejorar la legitimidad de origen, pero también la del ejercicio del Poder Judicial. El objetivo es tratar de superar la desconexión que muchas veces existe entre una organización y sus prácticas, entre la estructura funcional de la justicia y las demandas sociales.

Es necesario, entonces, reflexionar sobre el Gobierno de los Jueces.

Los Magistrados, Señorías y Excelencias, gobiernan irrestrictamente sin estar legitimados por el voto popular. Administran el castigo, las reparaciones, privan y conceden derechos esenciales. El ejemplo mas claro y dramático son los reiterados fallos de la Cámara Civil y Comercial Federal que se alzaron contra una de la leyes quizás mas democráticas que recuerde nuestra historia parlamentaria; y que decir al respecto del fallo escandalosamente exculpatorio emitido en diciembre de 2012 por la Sala II de la Excelentísima Cámara Penal de la Provincia de Tucumán en el caso relacionado con la imputación de secuestro y sumisión a la esclavitud de Marita Verón.

Existe una justificada creencia popular que la justicia es secreta, palaciega, casi de estructura feudal, burocrática, y es en razón de ello que el común de los mortales solo puede observarla desde abajo.

María Laura Garrigos de Rébori, Presidenta de la Cámara en lo Criminal y Correccional, define la democratización de la justicia con una sola palabra: ABRIRLA.  Y la apertura es reconocer la existencia de una gran falacia: El discurso que habla de la independencia de los jueces respecto del poder político y económico.  Y ello es una evidente mentira porque los jueces son en si mismo un poder político ejerciendo un poder efectivo en cada decisión que se toma: ahí es cuando se resignifican las reglas y el discurso, se construyen realidades, se instalan ideas sobre las potestades del poder o sobre los verdaderos destinatarios de la distribución de los bienes de la sociedad. Con relación a la vinculación de determinados estamentos del Poder Judicial con determinadas corporaciones, coincidimos con Foucault cuando afirma que el poder económico es mas peligroso cuando seduce que cuando castiga. Existen asociaciones con personería jurídica que gozan de gran predicamento en los fueros y aún en la Corte Suprema, tal como por ejemplo la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional” que reconoce abiertamente la legitimidad de la existencia de esponsores que brindan ingentes recursos económicos, entre otras cosas, para la organización de congresos y eventos profesionales que se realizan tanto en el país como en el extranjero. El ejemplo mas claro es el del Camarista Federal Francisco de las Carreras quién paseó por Miami por cuenta y orden de Cablevisión, y en oportunidad de ser legítimamente recusado, sus pares rechazaron la objeción y el mismo adujo que tenía ”tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia”. La Corte Suprema como estructura de superintendencia solo aporto silencio, prueba más que evidente que la familia judicial existe y no desampara a sus miembros.

Después de 836 palabras el lector está legitimado a preguntarse como se sale de este modelo perverso y elitista. Y el inicio de la respuesta, como ya dijimos, está en la génesis. Una de las cuestiones claves es la formación del futuro abogado en las Facultades de Derecho; una cosa es enseñar que el Derecho es un conjunto de normas, y otra cosa es decir que el Derecho es un discurso que da sentido y que tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad.

Es evidente que el conjunto de las anómalas situaciones planteadas ya no soportan el esperar sine die soluciones de devengan de actitudes voluntaristas o complacientes emanadas del propio estamento puesto en crisis.

En la agenda de cualquier programa “real” de democratización de la justicia debería proponerse al debate público los siguientes puntos:

·       Juicio por jurados para todas las ramas del derecho.

·       Transparencia, publicidad, oralidad y audiencias públicas en los procedimientos de todos los fueros (civil, comercial, penal, laboral, administrativo y familia)

·       Horizontalidad en las organizaciones de jueces.

·       Autonomía plena de la Defensa Pública.

·       Reorganización del Ministerio Público Fiscal hacia los intereses sociales y de las victimas.

·       Reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

·       Reconocimiento de la administración de justicia de los pueblos indígenas.

·       Fortalecimiento de la estructura de los jueces de paz, tribunales vecinales y centros comunitarios de acceso rápido y directo a la justicia.

·       Reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con inclusión de consejeros ciudadanos.

·       Equiparación fiscal de los miembros del Poder Judicial con el resto de los contribuyentes, en sostenimiento del principio de equidad e igualdad ante la ley.

                                        J. R.

SOBERANÍA ,  RECURSOS NATURALES y JUSTICIA SOCIAL

En España hay una revista nueva que se llama Mongolia, que es muy parecida a nuestra Barcelona, en cuanto a  la ironía y la sátira mordaz. En su número de junio sacó una contratapa en la que aparece el Ministro de Industria español, José Manuel Soria con rostro en ira y gesto amenazante señalando a una imagen de la República Argentina  a la que le grita desencajado, con mirada furibunda: “Infames, devolvednos vuestro petróleo”.

Es indudable que la recuperación del manejo político y estratégico de YPF marca un hito en la historia económica argentina contemporánea y determina un antes y un después que rompe definitivamente con el paradigma neoliberal del Estado ausente de la década de los 90. Esta decisión del gobierno de Cristina Kirchner se enmarca consecuentemente en un decidido proyecto de soberanía económica -que reconoce casi diez años de ininterrumpida gestión-, la misma se emparenta  con la osada renegociación de la deuda externa; el poner fin al ciego acatamiento de los dictados del FMI; la recuperación de los fondos de las AFJP y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras.

El declarado objetivo del autoabastecimiento y el manejo soberano de la energía es el transformar a la Argentina de un país meramente exportador de materias primas,  en un país de incipiente pero creciente desarrollo industrial, aún en lo referente al sector agro industrial el que se acrecienta, gracias a las políticas de fomento económico y tecnológico, con el aditamento de un valor agregado que resulta necesario para lograr la incorporación de un mayor índice de calidad y cantidad de empleo y una apreciable competitividad internacional.

Cohabitan en el marco de la decisión estatizadora, dos factores de alta relevancia, en primer lugar proporcionar combustible accesible no solo para la industria y el agro, sino también para las familias, en especial para los sectores mas humildes consumidores obligados del gas domiciliario en garrafa; pero simultáneamente a ello existe la firme decisión de que YPF profundice  sus objetivos de cateo, exploración y producción con un alto nivel de profesionalismo, así como la legitima pretensión de obtención de rentabilidad tendiente a confirmar la efectividad y eficiencia de la gestión estatal.

Efectuar la definición política de la matriz energética es esencial para el desarrollo de cualquier país. No debemos olvidar que hasta ahora éramos los únicos en Latinoamérica  y casi del mundo que no manejaba sus recursos naturales ni efectuaba el control de la sustentabilidad de los mismos. Controlar la petrolera estatal en el este preciso momento es oportunamente coincidente con los pronósticos científicos realizados por idóneos expertos, comprobados fehacientemente, que colocan mundialmente a la Argentina en el tercer lugar en materia de reservas de recursos de energía no convencionales, los denominados shale oil y shale gas. Pero el Estado y el nuevo directorio de la petrolera son concientes que para obtener resultados positivos  es imprescindible contar con una planificación de gran aliento y de continuidad en el tiempo.

Claro que sería de una injustificable miopía desvincular la faz económica de la esencialmente política. El manejo absolutamente discrecional de Repsol ejercido con relación a la obtención de la renta hidrocarburifera fue la demostración de una conducta de definida sujeción colonialista en cuanto a la apropiación indiscriminada de las riquezas y el destino final del rédito imputado exclusivamente a utilidades. En los últimos tiempos, más del noventa por ciento de las ganancias “declaradas” de Repsol-YPF fugaron del país. Paralelamente,  en casi en la misma proporción la empresa española contrajo deuda en el mercado libre de capitales que se garantizaba a futuro con las reservas energéticas argentinas.

Los comportamientos capitalistas en América Latina, desde la American United Fruit Co., hasta la actualidad, se han basado en obtener brutal e indiscriminadamente los nutrientes necesarios para solventar las necesidades de expansión y crecimiento de los países “centrales” en claro detrimento de los “periféricos”; y ha sido precisamente  sobre esta matriz de intercambio y la tendenciosa discriminación del valor de las mercaderías, que  se definieron en paralelo formulas para disciplinar  el ordenamiento social y los modelos ideológicos del pensamiento, de modo tal de colocar a los países proveedores de materias primas en una situación de obligado cumplimiento de un rol intencionalmente subsidiario al servicio del crecimiento de los países poseedores del desarrollo científico  técnico monopólico de características y entidades exclusivas e indelegables.

Históricamente, gran parte de los comportamientos oligárquicos de nuestras tradicionales elites terratenientes estuvieron signados fundacionalmente en reconocimiento de un rol de subalternidad frente al rol regulador de  los imperios  y sus agentes financieros, llámese, en nuestro caso,  Inglaterra primero y posteriormente  los EE. UU.  Es en razón de ello que hoy adquiere vital importancia reivindicar las decisiones soberanas  en materia de recursos energéticos habidas en la región y que  fueron determinadas en el marco de decisiones independentistas  y antiimperialistas, aún desde posturas diferentes, tanto de Mosconi a Cárdenas, como de Perón a Getulio Vargas. Estas posturas políticas en su momento marcaron elementos claves para la construcción de una novísima dialéctica histórica signada con un definido carácter nacional y popular, que hacia el eje en un Estado centralizador. Asumimos el riesgo de afirmar que estos actos trascendentales de principios del siglo XX, vuelven a tener vigencia en pleno siglo XXI.

Si hay algo que ha caracterizado al actual proyecto político es la indiscutible vocación del fortalecimiento de la  integración continental  tendiente a restablecer la reconstrucción ideológica del concepto abarcativo de la patria grande con una definida  vocación descolonizante.  Y es en este marco donde debemos insertar la alianza estratégica entre YPF y PDVSA,  pensada y gestionada como antinomia del modelo energético neoliberal.

Venezuela es miembro fundador de la OPEP y ha sido el país que revitalizó, a partir del 2001, la defensa de la industria petrolera de los países miembros, priorizando el interés doméstico por sobre el de las empresas multinacionales de capitales  privados.  Conforme las propias estadísticas de la OPEP y los pronósticos elaborados por centros  internacionales, existe plena coincidencia  en certificar que el país caribeño detenta la mayor  existencia de reservas de crudo del planeta, superando con creces las que se encuentran  en los países de la península arábiga.  En materia de gas natural, Venezuela se destaca por ser la octava potencia gasífera del mundo  y la segunda del  continente americano. Es la segunda potencia refinadora de la OPEP y la tercera latinoamericana, luego de Brasil y México.

El objetivo de ambas empresas petroleras, YPF y PDVSA -hoy ambas bajo control estatal-,  es priorizar la venta de sus productos a las economías latinoamericanas  con el claro concepto geopolítico de utilizar los hidrocarburos como herramienta y motor de la integración regional y la consolidación de los bloques de poder como el MERCOSUR, el ALBA, el ALBA - CARIBE y la UNASUR.

No es casual que en el decurso de la mitad del siglo XX y en la primera década del presente hayan prevalecidos los conflictos bélicos cuyos objetivos, confesados o no, eran la apropiación de los recursos naturales no renovables, en especial los hidrocarburíferos, por ello, es hora que la Argentina se ponga en marcha, no solo para explotar  sus riquezas y usufructuarlas plenamente, sino y fundamentalmente, para expresar sin tapujos su decidida vocación de soberanía plena porque, sin lugar a dudas, de ella depende el futuro de todos los argentinos. Pero debemos tener muy claro que la acumulación de riquezas, en el contexto descrito, solo tendrá sentido si está acompañada de un desarrollo productivo con integración y distribución de la renta  destinada a profundizar la  justicia social. 

                                                                                                                      J. R.

LA LEY DE LA CONSTERNACIÓN

Teníamos la profunda convicción que  jamás volveríamos  a presenciar en nuestro país la promulgación de leyes  antipopulares que respondieran dócilmente al dictado compulsivo de organismos financieros  transnacionales cuya ejecución  necesariamente traería aparejada, como inmediata consecuencia, la fragrante violación de los derechos humanos.  Sin embargo, hoy consternados y atónitos, verificamos  que aquello que creíamos imposible,  ocurrió.

El Frente para la Victoria,  con el incondicional apoyo de sus aliados parlamentarios, incorporó mediante el dictado de ley 26.734, de lucha contra el terrorismo, dos modificaciones al Código Penal argentino en lo atinente a la prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista, ello con el público y declarado objetivo de cumplir a rajatabla con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  organismo indiscutiblemente controlado por los Estados Unidos y creado a instancias del G-7, el grupo de las siete potencias económicas mundiales, mentor a su vez del ampliado G-20, del cual nuestro país forma parte, y en cuyo seno en su alocución brindada el 03.11.2011 en la ciudad de Cannes, Francia,  la Dra. Cristina Fernández de Kirchner encumbro la  necesidad de articulación de un “capitalismo en serio” (sic)  como el aporte argentino para la solución  de la crisis estructural del sistema.

Fue precisamente la modificación del art. 41 del mentado cuerpo legal, el eje que motivó el repudio generalizado de personalidades y organismos de defensa de derechos humanos, la reforma textualmente dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará  en el doble del mínimo y el máximo”

Produce escalofríos que la pena máxima de cualquier tipo penal se pueda simplemente aumentar el doble si con el “peligrosómetro” de la ley el juez detectara, en la comisión de cualquier presunto delito, una disposición subjetiva en el hipotético delincuente que indicara  la  existencia de un potencial enemigo de la seguridad pública.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo a favor de las fuerzas de seguridad y de determinados  fueros judiciales.

Históricamente ha quedado demostrado que la habilitación legal que posibilita incrementar la represión punitiva tiene como principal destinatario los grupos mas vulnerables de la población, desdibujándose en la practica -en el caso que nos ocupa-, su aplicación con relación al lavado de dinero o la pretendida financiación del terrorismo internacional.

Los cientos de procesos judiciales abiertos en todo el país que criminalizan la protesta social, gremial o política  prueban que los jueces no reconocen fácilmente -como límite al poder patibulario-, el contenido de los derechos sociales y políticos constitucionales y desdeñan la aplicación de las normas establecidas por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país relativos a la salvaguarda de los  derechos humanos.

Ningún organismo internacional  ha podido definir conceptualmente al terrorismo, tampoco los sociólogos y criminólogos, y obviamente los juristas, menos. Sin embargo lo que la mayoría progresista reconoce como terroristas,  son aquellos que cometen  delitos de lesa humanidad y de genocidio.

Resulta paradójico que siendo la Argentina un país que es reconocido en los foros internacionales por la defensa de la vigencia de los derechos humanos apruebe una ley que implica, sin lugar a dudas, un grave y peligroso retroceso que conlleva un evidente riesgo de habilitar la persecución penal contra las personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de sus derechos. Baste recordar, a título de ejemplo,  que recientemente en Chile se utilizó judicialmente  la legislación antiterrorista  promovida por el GAFI para reprimir y criminalizar las legítimas protestas de la comunidad mapuche.      

El articular normas que pretendan justificar las potestades estatales de calificar ideologías reconoce en nuestro país tristes antecedentes, tal como la funesta ley 17.401 promulgada en la dictadura de Ongania, que con el pretexto de reprimir al terrorismo comunista otorgaba a la SIDE el poder de calificar a personas o grupos como peligrosos extremistas, otorgando una herramienta que permitía posteriormente a los jueces condenar a cualquiera por su actividad política.

Es legítimo, entonces,  que nos planteemos los siguientes interrogantes: ¿Quién garantizará que con esta ley en la mano, en el futuro, algún gobierno no pretenda definir ideologías, finalidades o intenciones supuestamente “terroristas”? ¿Quién va a decidir, que tal o cual acto, es  o no “terrorista”?

Entre otros, Horacio Verbitsky, en su carácter del presidente del CELS, afirmó que la extorsión del GAFI fue similar a la técnica legislativa que se uso en el 2004 por la presión ejercida por Juan Carlos Blumberg con motivo del secuestro y asesinato de su hijo. Asimismo advirtió que la legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que hacen posible la aplicación de los agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social, tales como, la persecución de resistencias a desalojos de campesinos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público.

En su tradicional ronda de los jueves, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, recordó: “Nosotras fuimos atacadas por ser acusadas de  terroristas. Nuestros hijos fueron asesinados por ser acusados de terroristas. Si bien es cierto que con Cristina no hay ningún peligro de condena, puede venir un gobierno facho para utilizar la ley como quiera”.

Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguro que “La ley está pensada para que no se hagan protestas, porque este no es un país terrorista”

Para el Dr. Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, la ley se trata de “una extorsión del GAFI, un organismo de segunda categoría, que se atribuye mas derechos que las Naciones  Unidas. La Argentina esta condicionada por este organismo que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el Hemisferio Norte”.

Abuelas de Plaza de Mayo con la firma de su presidenta, Estela de Carlotto,  pidió reevaluar la ley antiterrorista. La organización de derechos humanos señaló: “Si bien el Gobierno Nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen  e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo. Los vacíos legales  de la ley resultan preocupantes, además, porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno de derecha, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley”

El escritor Mempo  Giardinelli, miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, ha manifestado que “La Ley Antiterrorista ha incorporado al Código Penal penas durísimas para cualquier presunto delito hipotéticamente cometido con la finalidad de generar terror en la población, lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría llegar a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal”.

Todas estos coincidentes pronunciamientos, necesariamente motivan al cronista el recordar que en marzo de 2004, Néstor Kirchner  y Lula da Silva, en un acto sin precedentes de ejercicio de la soberanía y la autodeterminación, resolvieron romper con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad  de concluir definitivamente con la sujeción a la imposición de políticas económicas condicionantes por parte de los organismos financieros internacionales. Y fue precisamente, también Néstor Kirchner, en el mes de marzo  del mismo año,  el día 24, en ocasión de ordenar descolgar los cuadros de Videla y Bignone de la galería de los comandantes  del Colegio Militar de la Nación, quién en su discurso definió al único terrorismo existente, como terrorismo de estado, calificándolo como una de las formas mas injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad.

Cabe finalmente preguntarse si la vergonzosa genuflexión ante el GAFI y el G 20, sancionando una ley antiterrorista de las lamentadas características señaladas, no implica un evidente cambio de paradigma que lejos de profundizar el modelo iniciado en el 2003 retrotrae incalificablemente  la historia de nuestro país poniendo en situación de riesgo la convivencia democrática, lograda en el marco de un estado de derecho, que la mayoría de los argentinos hemos sabido construir en estos años.

                                                                                           J. R.

¡INDIGNADOS DEL MUNDO UNÍOS!!!!

INDIGNADO/DA. adj. Que está muy enfadado o disgustado por algo que considera injusto, ofensivo o perjudicial. Diccionario de la Real Academia Española de Letras. Ed. 2007.

Pero hete aquí, mis estimados, que estos INDIGNADOS, la mayoría de ellos jóvenes que llenan y acampan en las plazas de España, de Grecia, de Francia, de Turquía, no son precisamente gente que esté simplemente enfadada o meramente disgustada, esa gente (que es gente como nosotros, que es la gente de todos los días), mis estimados -a decir verdad-, a esta altura de la historia, está literalmente harta.

No deja de ser cierto que el Movimiento de los Indignados, que en un primer momento se plasmó en España en la madrilisima Puerta del Sol y en simultaneo en la emblemática Plaza de la Bastilla en el corazón de Paris, se haya inspirado en un breve pero contundente libro del escritor francés Stéphane Hessel titulado “Indígnense”, pero sin embargo resulta infantil y simplista pensar que decenas de miles de personas pueden autoconvocarse y a su vez convocar la atención mundial en la inspiración surgida de la lectura de un ensayo.

Estratégicamente es importante destacar, como cuestión novedosa, la capitalización de la experiencia acumulada en anteriores movilizaciones populares, el Movimiento de los Indignados, al igual que lo acontecido en la revuelta egipcia que culminó en la ocupación masiva de la Plaza Tahrir, se conformó y consolidó en una primer momento en base a un proceso de autoconvocatoria basado fundamentalmente en la coordinación horizontal ejercitada a través del uso masivo de las redes sociales.

Resulta más que obvio que el reclamo gestado trasciende en su real contenido y envergadura la etérea imagen grafica de jóvenes alegres, enojados y visiblemente insatisfechos. El eje del cuestionamiento es el anticapitalismo; es la crítica feroz a una estructura política en crisis que emerge a través de una desgastada y desprestigiada pseudo democracia representativa; es el desempleo crónico; es el recorte en los presupuestos de salud y educación en aras de satisfacer a cualquier costo las exigencias de los mercados financieros; es la privatización enmascarada de los servicios públicos y la enajenación al mejor postor del patrimonio nacional, todavía suena en los oídos de los griegos las palabras de Strauss Khan cuando en su rol de mentor del FMI afirmo que Grecia para salir de la crisis, menos el Partenón, debía vender el resto.

En la convocatoria de Bilbao, los Indignados vascos en su Manifiesto finalizaban diciendo: “...Por eso estamos aquí, para empezar a construir un BASTA europeo y generalizado. Es imprescindible que los pueblos detengan la política de eliminación de las sociedades”. Y en uno de los tantos carteles emblemáticos desplegados por jóvenes catalanes se conceptúa la convocatoria continental de la propuesta: “¡Revolución en España, pueblos de Europa, despiértense!”.

Es indudable que la crisis esta enclavada en un anacrónico sistema político, social y económico en el cual lo único que no cuenta, lo único que no vale, lo que carece de consideración alguna, es la gente, y eso es precisamente lo indignante, y es esa legítima indignación lo que esencialmente moviliza la necesidad de producir el cambio. En Paris, en las puertas de la Sorbona se lee un graffiti que dice: “En mayo del ´68 decíamos, pidamos lo imposible. En mayo de 2011, decimos ¡Vamos a realizar lo imposible!”

El movimiento europeo transciende estructuralmente en su contenido contestatario el estricto marco coyuntural del “Que se vayan todos” de la Argentina de 2001, ni tampoco es comparable con las reivindicaciones políticas planteadas en las revueltas populares habidas en África del Norte o en el medio oriente. En el primer caso los cacerolazos anunciaban el rotundo fracaso del neoliberalismo de los ´90 con sus secuelas de miseria y el salvaje desguace del estado; en el segundo las masivas manifestaciones populares evidencian la perentoria exigencia de la imperiosa necesidad de participación democrática y la liquidación de estructuras dictatoriales represivas. El Movimiento de los Indignados se genera en el novísimo centro neurálgico del modelo capitalista, en la Zona Euro, las exigencias pasan por cuestionar el método de distribución de las riquezas, el replanteo de la jerarquización de los valores, el equilibrio en el consumo de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente frente a la apetencia inescrupulosa de los grandes trust industriales, el previligiar el establecimiento de condiciones objetivas que garanticen la continuidad del trabajo genuino y creativo, en contraposición a las especulaciones financieras e inmobiliarias.

“... ¿Como concluir este llamado a la indignación? Convoquemos una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no propongan como horizonte para nuestra juventud otras cosas que no sean el consumo en masa, el desprecio hacía los mas débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición excesiva de todos contra todos”. Stéphane Hessel.

J. R.

JUSTICIABLES – IMPUTABLES – CULPABLES

“Señores Jueces: Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores Jueces: NUNCA MAS.” Julio Strassera. (1985. Fragmento del alegato de la Fiscalia en el Juicio a las Juntas. ).

La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión punitiva del Estado por el mero transcurso del tiempo, establecida en beneficio a los individuos que cometieron un delito. Es por sobre todo un instituto jurídico de rango constitucional, y ello es así, en tanto nuestra ley fundamental incorpora, a partir del art. 75, inciso 2°, normas internacionales de aplicación obligatoria, entre otras las establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se instaura el derecho inalienable “de ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas”, dicho de otro modo, si desde el momento que se comete el hecho delictivo hasta que se inicia el proceso judicial y aún iniciado sino se ha dictado la debida sentencia -habiendo transcurrido un determinado lapso de tiempo-, el presunto delincuente dejaría de serlo simplemente porque ya no podría ser legítimamente juzgado.

Sin embargo la referida regla tiene una honrosa excepción gestada a partir de la Convención de Ginebra de 1949, en la cual se formuló por primera vez con incidencia en la normativa jurídica internacional el concepto de imprescriptibilidad en los Delitos de Lesa Humanidad, y fue en base a esa concepción que se gestó posteriormente el emblemático juicio de Nuremberg.

En el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998) se denominan delitos contra la humanidad a aquellos que causan un agravio, una ofensa o un daño a todos los seres humanos sin distinción alguna. Son aquellos que tienen su origen en motivos políticos, raciales, religiosos, y que afectan a etnias o culturas.

Pero en el referido marco conceptual es intrínsecamente necesario que el delito haya sido cometido como parte de un ataque sistematizado, de conformidad a una política estatal preconcebida, y dirigido particularmente contra la población civil.

En el mentado ordenamiento legal se establecieron taxativamente once tipos de delitos penales que son considerados violatorios de la humanidad, entre ellos, y en la perspectiva de nuestra reciente historia resulta imperativo destacar los siguientes: El asesinato, como expresión material del homicidio intencionado; el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional; la tortura; la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos; y la desaparición forzada de personas.

El tratamiento político de los crímenes cometidos por la dictadura genocida en los ’70 ha sufrido, en el decurso de las últimas décadas, los claro oscuros de sus propios generadores. Baste recordar al respecto, que el Dr. Ricardo Alfonsín con el pretexto de restablecer el orden hogareño, echó por tierra las memorables sentencias del Juicio a las Juntas -que su propio gobierno había alentado-, promulgando sin el menor reparo las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Tan generosa conducta precedió el accionar de Carlos Menem, quien en los ’90, con sus indultos dictados en un contexto general de impudicias, cerro a cal y canto, el perverso círculo que había ya impuesto las leyes de la impunidad.

Pero seriamos injustos si pusiéramos solamente en cabeza del poder ejecutivo de turno la decisión política de imponer el “borrón y cuenta nueva”. Fue necesario, acompañando y avalando sin reservas, la existencia de un parlamento amnésico que obedientemente levantase las manos, y una Corte Suprema que con su mayoría automática diseñase trasnochadas teorías que pusieran en duda la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

En el marco de este ominoso intento de olvido y perdón, los organismos de derechos humanos encabezados por las incansables Madres de Plaza de Mayo, por las Abuelas y la agrupación de Hijos, reclamaban actos de justicia que fueran impartidos por tribunales constituidos sin jueces especiales, que se dictaran sentencias en respeto al debido proceso, y que se aplicaran leyes legalmente instituidas.

Los organismos de derechos humanos SIEMPRE PIDIERON JUSTICIA, NUNCA AJUSTICIAMIENTO.

Exigían para los homicidas aquello que estos sistemáticamente les negaron a sus hijos, a sus padres, a sus nietos.

Pero los vientos cambian, y hoy la realidad es otra absolutamente distinta. Han sido derogadas las leyes de la impunidad y dejados sin efecto los oprobiosos indultos, y por legítima decisión soberana, los derechos humanos en la Argentina son considerados como irrenunciables e imprescriptibles derechos de la humanidad.

Hace pocos días, más precisamente el 11 de agosto, en ocasión de rendir la actual Corte Suprema el informe sobre el estado de los procesos por crímenes de lesa humanidad, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, expresaba públicamente que “La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás. Porque es una idea que ha madurado y no hay nada mas poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo”. Estos juicios, afirmó, “no dependen de una coyuntura, ni de una elección, ni de la decisión de una persona que este en el gobierno o de otra que no lo esté. Están hoy dentro del contrato social de los argentinos, forman parte del consenso básico que tiene la sociedad”. Y como epilogo a su alocución, el magistrado enfáticamente destacó lo siguiente: “Podemos decir luego de este informe que estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad mas importante del mundo. Señores: No hay prescripción, ni amnistía, ni indulto posible”.

Sin embargo la firme decisión política del Tribunal Superior se enfrenta al dique de contención de la reacción histórica conformada, fundamentalmente en la ocasión, por la corporación judicial.

Aún esta inconcluso en concurso para cubrir vacantes de la nueva Cámara de Casación formada en 2008; la misma situación mantiene vacantes juzgados claves en varias provincias; hay proyectos parlamentarios para crear nuevos tribunales orales en Capital Federal, Córdoba, La Plata, Rosario y Salta, que aún no se aprobaron. Es notable la falta de agilización en algunas investigaciones y coordinación entre las distintas instancias judiciales. Existe una pertinaz resistencia de algunos tribunales en no permitir la transmisión de los juicios a través de los medios de comunicación, ello a pesar de que la Corte ha manifestado reiteradamente la necesidad de concientización social de la memoria a través de la publicidad de los actos judiciales.

Es tarea del ahora el garantizar y profundizar el juicio y castigo a los culpables para que nuestros hijos y nuestros nietos no sean en el futuro victimas de persecuciones -por el solo hecho de tener ideas diferentes-, generadas por el propio Estado que debe protegerlos.

Otra vez, y todas las que fueren necesarias, es justicia repetir incansablemente: SEÑORES JUECES. NUNCA MÁS.

J. R.

NÚMERO 40
JULIO 2009

HONDURAS, ESE PAÍS TAN PEQUEÑO

Silvio Schachter

Un país tan pequeño como Honduras, no puede permitirse el lujo de tener dignidad” José Azcona Hoyos, presidente entre 1985-1989.

Una postal sorprendió a no pocos observadores políticos: junto a Hugo Chávez, Raúl Castro, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega una figura un tanto exótica, luciendo sombrero texano, ofrecía una nota inesperada. José Manuel Zelaya ocupaba un lugar entre quienes conforman el eje del mal, en versión latinoamericana. El presidente de Honduras rompía, dos años atrás, la tradición de sus predecesores, sempiternos acólitos y sumisos cómplices de cuanta aventura se propuso la CIA en la región.

Ese viraje puso en tensión una añosa urdimbre de privilegios, tejida por el maridaje entre la oligarquía, los políticos y jueces corruptos, las fuerzas armadas, la iglesia y las corporaciones, que reaccionó apelando a un recurso recurrente, el Golpe de Estado, ya en su versión actualizada, enmascarado en ropaje institucional

Micheletti y sus cómplices no son originales. Este nuevo golpismo ya tuvo precedentes: hay semejanza evidente con la asonada contra Chávez del 2002, cuando militares, empresarios y parlamentarios, con asesoramiento y beneplácito de EEUU, y apoyados por la ofensiva de los medios, pretendieron sin éxito cortar la experiencia popular bolivariana. Al igual que Chávez y Zelaya, en el 2004 en Haití, también Aristide fue acusado por los conspiradores de haber provocado la crisis, y despachado desde Puerto Príncipe por el embajador de EEUU, fue puesto en un avión rumbo al exilio en la República Centroamericana.

En esta tipología los civiles encabezan la maniobra, sostienen una formalidad de apariencia constitucional para darle legitimidad a sus acciones, las fuerzas armadas ahora ceden su lugar protagónico y aparecen en un rol tutelar, actuando como brazo ejecutor.

Hacia 1929 el presidente de la Cuyamel Fruit (empresa que más tarde fue anexionada por la United Fruit), refiriéndose al valor de los diputados hondureños a la hora de comprar sus servicios dijo: “un diputado en Honduras cuesta menos que una mula”. Hoy se desconoce el precio de una mula.

En esos años fue parida la definición república bananera, ese platanal dio sus frutos en uno de los países mas pobres de América con un 60 % de su población desnutrida y mas del 20 % de analfabetos.

Desde entonces esa plutocracia de liberales y nacionales, se auto-reprodujo sin sobresaltos, y construyó un bipartidismo blindado a cualquier cambio.

En la década de los ochenta esta elite hospitalaria recibió a decenas de militares de la dictadura somocista que huyeron tras la revolución sandinista. Allí construyeron la base operacional de la “contra” coordinada por John Negroponte , embajador de EEUU y ex -asesor de seguridad en Vietnam, actualmente asesor de Hillary Clinton, quien manejó los fondos del narcotráfico del Irangate para la agresión paramilitar contra Nicaragua. En esos años reciben el aporte de militares de la dictadura argentina, quienes junto a expertos norteamericanos, alquilaron sus servicios en sabotaje y terrorismo. Estos “asesores” permanecieron en funciones hasta 1987, cuatro años después del fin de la dictadura. Un condiscípulo de ellos , el general Gustavo Álvarez Martínez, graduado en el colegio militar de Argentina, dirigió la represión interna desde el siniestro batallón de la muerte 3-16.

La jerarquía eclesiástica, igual que en Venezuela, Bolivia y Ecuador, confirma que el obispo salvadoreño Arnulfo Romero fue la excepción y no la norma, donde la opción por los pobres sigue siendo considerada teología subversiva. Darwin Andino, obispo auxiliar de Tegucigalpa, quien con el cardenal Andrés Rodríguez Madariaga enfrentó a Zelaya en el tema de la constituyente, dijo en días previos al golpe que “no estamos apoyando al Presidente en esta consulta porque vemos que todo el proceso no se ha apegado a ley”, y agregó: “el futuro del país no se ve con claridad, porque lo que se ha dado en Venezuela se está dando en Honduras, se dio en Bolivia y en Ecuador. Yo aquí en todo miro la mano del presidente venezolano Hugo Chávez y el país no se puede entregar al chavismo ni a nadie, pues queremos seguir siendo libres e independientes”. En la cruzada, la cúpula Católica no estuvo sola , la Confraternidad Evangélica y la red Apostólica se sumaron y en acto publico dieron su aval implícito al golpe.

Entre las familias de R. Ferrari J. Rosenthal, Canahuti Larach y Flores Facusse se reparten la propiedad de los medios de comunicación masiva de alcance nacional: los diarios La Tribuna , El Heraldo, La Prensa, Tiempo, y los canales 3, 5, 7 , 11, Cablecolor y Emisoras Unidas (con 17 estaciones), además de varios medios locales. Son dueños de un indeterminado número de corporaciones financieras, de la construcción, el sector del café, el banano, el cacao, el azúcar, y los cítricos, de cadenas de supermercados y de comida rápida. Ellos son los encargados de defender la libertad de prensa y el acceso de la población a la información.

Estos poderes fácticos no pueden tolerar la presencia de Honduras en el ALBA, los acuerdos con Petrocaribe y la decisión de retirar la base militar. La consulta no vinculante, la cuarta urna, para la convocatoria a una Asamblea constituyente, disparó la maniobra destituyente que devino en golpe, y el 2 de junio de este año, cuando Hillary Clinton acudió a Honduras para participar en una reunión de la OEA, le manifestó a Zelaya su disconformidad con el referéndum. En tanto ninguna objeción mereció por parte de Washington la reforma constitucional que permitió en Colombia la reelección de Álvaro Uribe, reforma que ni siquiera fue plebiscitada.

Tal vez el argumento de la jefa del Departamento de Estado haya sido la solidez de la Constitución de EEUU que con más de dos siglos le garantiza al partido bifronte de demócratas y republicanos la gobernabilidad del sistema.

Dice Noam Chomsky: “Sobrepasa la imaginación que Washington no tuviera conocimiento anticipado de lo que se fraguaba en Honduras, país altamente dependiente de la ayuda estadounidense y cuyo ejército es armado, entrenado y asesorado por Estados Unidos”

La mayor parte de los altos oficiales militares hondureños activos en el golpe pasaron por la Escuela de las Américas (S.O.A.), como el propio general Romero Vásquez, quien dirige las operaciones militares del golpe y asistió en dos oportunidades a la escuela de las Americas (en 1976 y 1984). O el general de la fuerza aérea Luis Javier Prince Suazo, también participe del golpe, quien recibió entrenamiento en la school en 1996.

Los militares nunca se habrían atrevido a moverse sin el consentimiento tácito de la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA. En las filas golpistas admitieron que tanto el Secretario Adjunto de Estado Thomas A. Shannon Jr. como el Embajador de los EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, estaban informados de los preparativos.

La base militar de Soto Cano, conocida también por su nombre de Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de la capital, reactivada en 1981 bajo la administración de Ronald Reagan, fue utilizada por el coronel Oliver North, quien desde allí dirigió la guerra sucia contra Nicaragua y contra los revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos. En la base se encuentra la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” de Estados Unidos, compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85 por ciento del área de la base. La visita a Soto Cabo del entonces presidente Bill Clinton en marzo de 1999 da cuenta de la jerarquía que tiene la base para los planes estratégicos de EEUU en Centroamérica.

El país entero fue durante décadas un protectorado político-militar de EEUU, un centro operacional para conspiración y agresión, Guatemala (1954), Cuba (1961), Nicaragua (1979), y El Salvador (1980) acusaron recibo de ello

Del total de las exportaciones de Honduras el 67,2% va a Estados Unidos, y de allí proviene el 52,4% de sus importaciones. Las remesas de los emigrados aportan casi el 30% del ingreso de divisas.

Un bloqueo efectivo, acción en la cual EEUU tiene basta experiencia, ahogaría inmediatamente a los insurrectos. Cuando en el 2004, en las elecciones presidenciales de El Salvador, Schafik Handal fue candidato presidencial por el FMLN, George W Bush amenazó con cortar la ayuda y el flujo de divisas hacia ese país, y para varios observadores la bravata alcanzó para volcar el resultado hacia el candidato oficialista.

Si bien Barack Obama ha declarado su apego a la ley pidiendo la restitución del presidente electo, los hechos, como ocurre desde que asumió, no confirman sus palabras: no rompió relaciones diplomáticas con Honduras, no cortó la cooperación militar y económica, rehusó reunirse con Zelaya, así tampoco se ha manifestado acerca de las acciones represivas de los militares y la policía, los crímenes, secuestros y desapariciones, ni la violencia contra manifestantes, o la censura y clausura de los medios de comunicación críticos al golpe, el allanamiento de domicilio, el secuestro por comandos armados de un presidente, y el exilio forzado de todo un equipo de gobierno, la neutralización de sus colaboradores, y la suspensión de las garantías constitucionales. A pesar de que se proclame un nuevo momento, en estos pasos se reconocen las huellas de lo viejo. Es evidente que las simpatías de EEUU no están del lado de Zelaya. Cualesquiera sean los métodos, el corazón de la Casa Blanca late junto a quienes proclaman a Chávez como su enemigo.

En los planes se subestimó la respuesta, y la crisis hondureña se latinoamericanizó inmediatamente. En ese punto la posición estadounidense debió adaptarse. La mediación del primer mandatario de Costa Rica es parte de ese movimiento. Óscar Arias, elogiado por los golpistas hondureños, trató a Micheletti con una ecuanimidad que no le dio la comunidad internacional, el libreto de su propuesta fue escrito en otras dependencias, su plan trato de condicionar todo lo posible para garantizarse una transición favorable sin tropiezos. El desplazamiento de la desprestigiada OEA, puesta al límite de la ruptura por las tensiones del debate en torno a Cuba, confirma la desconfianza de la Casa Blanca en el comportamiento del resto del continente. Si la crisis se dilata las EU, OEA y la ONU y muchos gobiernos irán adaptándose a la nueva realidad. Podrá haber elecciones apañadas y Honduras volverá a ocupar su lugar en el concierto de las naciones confiables controlada con una democracia restringida.

Zelaya, miembro del partido Liberal, exitoso empresario que llegó al gobierno apoyando el ALCA, sorprendió a propios y ajenos con su viraje político. Seguramente hay una relación entre las acciones de las coordinadoras indígenas y campesinas que cortaron rutas y llenaron las calles en repudio al Tratado de Libre Comercio y el giro copernicano de la posición presidencial.

No puede analizarse el cuadro de situación sin ponderar la valiente resistencia de los eternos invisibilizados. Campesinos, maestros, comunidades indígenas, trabajadores urbanos, dan una batalla desafiante, tenaz y decidida. El antecedente más cercano a una pueblada de esta magnitud hay que buscarlo en la lucha de las mujeres por su ciudadanía y la gran huelga nacional de obreras y campesinos de 1954. Ese año, no casualmente, instalaron la base y se consumó la intervención en Guatemala.

El temor que genera esta multitud rebelde aceleró las maniobras destituyentes. El rechazo a la consulta, absurdamente tildada de anti-democrática, confirma la visión que la elite tiene del pueblo. La sola posibilidad de abrir una brecha en la fortaleza institucional del sistema, hace crujir el modelo de la democracia representativa que garantizo la supervivencia de estructuras validantes de poderes hegemónicos con riesgo cero. Esos poderes fácticos cierran filas para impedir cualquier forma democrática que escape al control político, económico y mediático de la corporación que manejó sin límite los recursos de Honduras.

La crisis política en Honduras avivó un debate sobre los alcances de la pandemia de derecha, y encontradas posiciones intentan definir sus causas y azares. El llamado neoliberalismo, en todas sus formas, económica, social , cultural y política , a pesar de los entusiastas obituarios, sigue vivo y sostiene su agresividad apoyado en su intacta trama. No se hará a un lado ni resignara privilegios y es evidente el carácter violento que imponen en una confrontación que no admite equidistancia. Los dueños de la tierra en Honduras, en Bolivia, en Perú y en la Argentina han demostrado su beligerancia.

La democracia no es una categoría neutra. Mientras defiende “la casa grande” y permite el cambio gerencial, y cuando todos los poderes se corresponden como uno solo, es legítima; pero si sirve al bien común como creación autónoma y colectiva es ilegal.

En 1852 Luis Bonaparte, al igual que su tío Napoleón en 1799, tras un golpe , impone una dictadura militar. En el 18 de Brumario, C. Marx escribe “....La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal...”

Simplifica I. Wallerstein cuando señala en su articulo: “La derecha contraataca: La izquierda llego al poder en Latinoamérica debido a la distracción estadounidense y a los buenos tiempos económicos”. Según su análisis Bush tenía otras prioridades y los gobiernos populistas hicieron política con dineros que hoy escasean.

Cuando prevalece la lógica de entender la democracia como objeto y los votos como su significado, el reduccionismo oscila entre el ingenuo exitismo y el pesimismo proyectual.

La crisis civilizatoria, que arrasa con los recursos humanos y naturales, no puede ser interpretada desde las agendas electorales. Si tomamos como referencia un periodo de quinces años, desde la rebelión zapatista en 1994 hasta el presente, la multiplicidad de fenómenos y experiencias continentales y mundiales sugieren una conflictividad irresuelta, difícil de predecir. Como le ocurrió al marinero de Ulises cuando abrió la bolsa que le confió Eolo, los vientos desatados se vuelven incontrolables.