PRESIONES

Comienza un año que se intuye conflictivo, no parece serlo solamente por las profecías mayas, la crisis en los países centrales no parece llegar al deseado fin, a pesar del avance de las derechas que proponen orden y ajuste, por el contrario parecen no encontrarle la punta a la madeja y solo consiguen resistencia popular. Aprovechan, eso sí, para garantizar impunidad para los crímenes del pasado, cargándose a cuanto juez pretenda desenmascarar sus crímenes y buscan garantizar sus privilegios  y sus ganancias

El avance de la derecha en nuestra región, tampoco se detiene, se alegra de la enfermedad de Chavez, acosa a Evo, desprestigia a cuanto líder popular intente cambios a favor de las mayorías

En nuestro país la oposición, de la cual la política es solo funcional a la económica, busca permanentemente liderazgos de los que carece, reivindicando, si fuera necesario y les resultara funcional, hasta a los más deleznables genocidas.  Instalan la idea generalizada de corrupción, sembrando un clima de sospecha, desgaste  y desestabilización marcando la agenda con miras al 2015 operando para desprestigiar a quienes pudieran reemplazar a Cristina.

A partir de 2008, cuando se comenzó a discutir la renta agraria, se impulsó desde los sectores más concentrados de la economía un estado destituyente, hoy los factores de poder, con los medios a la cabeza, van por más, impulsan abiertamente un clima golpista.

Flaco favor le haríamos al proceso político y a nuestras propias convicciones si fuéramos completamente acríticos, si fuera necesario aclararlo, creemos firmemente que este es el mejor gobierno que hemos tenido, y considerando las actuales  alternativas de alternancia, que tendremos en muchos años, no nos prometieron la revolución, pero nos ofrecieron más de lo que imaginamos allá por el 2003, ya no estamos en el infierno, pero seguimos creyendo que el paraíso existe y que podemos acceder a él , de manera que creemos necesario defenderlo, eso sí aplicando las correcciones que permitan profundizar un modelo de redistribución y equidad.

De igual manera en que fuimos críticos con el crecimiento indiscriminado del avance de la frontera agropecuaria y la sojización transgénica con la consiguiente  contaminación con glifosato, lo somos con la minería a cielo abierto, con el deplorable estado de los medios de transporte público, en general.  con este capitalismo, que aún sin ser “salvaje” no  demuestra a un estado capaz de ponerse a la cabeza de los intereses populares.

Nunca más podemos como sociedad tolerar catástrofes como la de Plaza Once,  los muertos son laburantes a quienes el estado debe proteger, no es suficiente el reemplazo de un funcionario, es hora de demostrar que el estado es capaz de gestionar o controlar de manera eficiente. Y ni hablar del  sainete  del traspaso de jurisdicción del subte,  todos los santos nos protejan que la mediocridad macrista  rija nuestros destinos.

Los enfrentamientos con el sindicalismo,  la innecesaria  y errónea confrontación con el sector docente  resultan inconducentes y desgastan  innecesariamente, ofreciendo flancos  débiles, restando energía para las verdaderas y  definitivas  batallas, nos parece imprescindible recobrar la iniciativa política a favor de la profundización del modelo, ampliando los niveles de  participación popular

LA LEY DE LA CONSTERNACIÓN

Teníamos la profunda convicción que  jamás volveríamos  a presenciar en nuestro país la promulgación de leyes  antipopulares que respondieran dócilmente al dictado compulsivo de organismos financieros  transnacionales cuya ejecución  necesariamente traería aparejada, como inmediata consecuencia, la fragrante violación de los derechos humanos.  Sin embargo, hoy consternados y atónitos, verificamos  que aquello que creíamos imposible,  ocurrió.

El Frente para la Victoria,  con el incondicional apoyo de sus aliados parlamentarios, incorporó mediante el dictado de ley 26.734, de lucha contra el terrorismo, dos modificaciones al Código Penal argentino en lo atinente a la prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad terrorista, ello con el público y declarado objetivo de cumplir a rajatabla con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),  organismo indiscutiblemente controlado por los Estados Unidos y creado a instancias del G-7, el grupo de las siete potencias económicas mundiales, mentor a su vez del ampliado G-20, del cual nuestro país forma parte, y en cuyo seno en su alocución brindada el 03.11.2011 en la ciudad de Cannes, Francia,  la Dra. Cristina Fernández de Kirchner encumbro la  necesidad de articulación de un “capitalismo en serio” (sic)  como el aporte argentino para la solución  de la crisis estructural del sistema.

Fue precisamente la modificación del art. 41 del mentado cuerpo legal, el eje que motivó el repudio generalizado de personalidades y organismos de defensa de derechos humanos, la reforma textualmente dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará  en el doble del mínimo y el máximo”

Produce escalofríos que la pena máxima de cualquier tipo penal se pueda simplemente aumentar el doble si con el “peligrosómetro” de la ley el juez detectara, en la comisión de cualquier presunto delito, una disposición subjetiva en el hipotético delincuente que indicara  la  existencia de un potencial enemigo de la seguridad pública.

Nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo a favor de las fuerzas de seguridad y de determinados  fueros judiciales.

Históricamente ha quedado demostrado que la habilitación legal que posibilita incrementar la represión punitiva tiene como principal destinatario los grupos mas vulnerables de la población, desdibujándose en la practica -en el caso que nos ocupa-, su aplicación con relación al lavado de dinero o la pretendida financiación del terrorismo internacional.

Los cientos de procesos judiciales abiertos en todo el país que criminalizan la protesta social, gremial o política  prueban que los jueces no reconocen fácilmente -como límite al poder patibulario-, el contenido de los derechos sociales y políticos constitucionales y desdeñan la aplicación de las normas establecidas por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país relativos a la salvaguarda de los  derechos humanos.

Ningún organismo internacional  ha podido definir conceptualmente al terrorismo, tampoco los sociólogos y criminólogos, y obviamente los juristas, menos. Sin embargo lo que la mayoría progresista reconoce como terroristas,  son aquellos que cometen  delitos de lesa humanidad y de genocidio.

Resulta paradójico que siendo la Argentina un país que es reconocido en los foros internacionales por la defensa de la vigencia de los derechos humanos apruebe una ley que implica, sin lugar a dudas, un grave y peligroso retroceso que conlleva un evidente riesgo de habilitar la persecución penal contra las personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de sus derechos. Baste recordar, a título de ejemplo,  que recientemente en Chile se utilizó judicialmente  la legislación antiterrorista  promovida por el GAFI para reprimir y criminalizar las legítimas protestas de la comunidad mapuche.      

El articular normas que pretendan justificar las potestades estatales de calificar ideologías reconoce en nuestro país tristes antecedentes, tal como la funesta ley 17.401 promulgada en la dictadura de Ongania, que con el pretexto de reprimir al terrorismo comunista otorgaba a la SIDE el poder de calificar a personas o grupos como peligrosos extremistas, otorgando una herramienta que permitía posteriormente a los jueces condenar a cualquiera por su actividad política.

Es legítimo, entonces,  que nos planteemos los siguientes interrogantes: ¿Quién garantizará que con esta ley en la mano, en el futuro, algún gobierno no pretenda definir ideologías, finalidades o intenciones supuestamente “terroristas”? ¿Quién va a decidir, que tal o cual acto, es  o no “terrorista”?

Entre otros, Horacio Verbitsky, en su carácter del presidente del CELS, afirmó que la extorsión del GAFI fue similar a la técnica legislativa que se uso en el 2004 por la presión ejercida por Juan Carlos Blumberg con motivo del secuestro y asesinato de su hijo. Asimismo advirtió que la legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que hacen posible la aplicación de los agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social, tales como, la persecución de resistencias a desalojos de campesinos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público.

En su tradicional ronda de los jueves, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, recordó: “Nosotras fuimos atacadas por ser acusadas de  terroristas. Nuestros hijos fueron asesinados por ser acusados de terroristas. Si bien es cierto que con Cristina no hay ningún peligro de condena, puede venir un gobierno facho para utilizar la ley como quiera”.

Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguro que “La ley está pensada para que no se hagan protestas, porque este no es un país terrorista”

Para el Dr. Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, la ley se trata de “una extorsión del GAFI, un organismo de segunda categoría, que se atribuye mas derechos que las Naciones  Unidas. La Argentina esta condicionada por este organismo que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el Hemisferio Norte”.

Abuelas de Plaza de Mayo con la firma de su presidenta, Estela de Carlotto,  pidió reevaluar la ley antiterrorista. La organización de derechos humanos señaló: “Si bien el Gobierno Nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen  e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo. Los vacíos legales  de la ley resultan preocupantes, además, porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno de derecha, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley”

El escritor Mempo  Giardinelli, miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, ha manifestado que “La Ley Antiterrorista ha incorporado al Código Penal penas durísimas para cualquier presunto delito hipotéticamente cometido con la finalidad de generar terror en la población, lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría llegar a validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal”.

Todas estos coincidentes pronunciamientos, necesariamente motivan al cronista el recordar que en marzo de 2004, Néstor Kirchner  y Lula da Silva, en un acto sin precedentes de ejercicio de la soberanía y la autodeterminación, resolvieron romper con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad  de concluir definitivamente con la sujeción a la imposición de políticas económicas condicionantes por parte de los organismos financieros internacionales. Y fue precisamente, también Néstor Kirchner, en el mes de marzo  del mismo año,  el día 24, en ocasión de ordenar descolgar los cuadros de Videla y Bignone de la galería de los comandantes  del Colegio Militar de la Nación, quién en su discurso definió al único terrorismo existente, como terrorismo de estado, calificándolo como una de las formas mas injustificables y sangrientas que le puede tocar vivir a una sociedad.

Cabe finalmente preguntarse si la vergonzosa genuflexión ante el GAFI y el G 20, sancionando una ley antiterrorista de las lamentadas características señaladas, no implica un evidente cambio de paradigma que lejos de profundizar el modelo iniciado en el 2003 retrotrae incalificablemente  la historia de nuestro país poniendo en situación de riesgo la convivencia democrática, lograda en el marco de un estado de derecho, que la mayoría de los argentinos hemos sabido construir en estos años.

                                                                                           J. R.

            QUIEN BLOQUEA LA CUESTIÓN MALVINAS

Algo está cambiando en la cuestión Malvinas. Según sus propias palabras, el canciller británico William Hague ha tenido “discusiones francas” sobre temas relacionados con las islas con... Brasil, Chile y Uruguay. Esto habla por sí solo del resultado al que conduce para sus relaciones con nuestra región la política británica hacia Malvinas. Quizá sería más oportuno y eficaz que el ministro Hague comience una discusión franca con su colega argentino sobre la manera de poner fin a lo que en definitiva es la raíz misma de la cuestión: la disputa de soberanía.

Es conocida la negativa del Reino Unido de negociar con la Argentina la disputa que mantiene con ésta desde hace 179 años. Ante la Cámara de los Comunes, el canciller Hague mencionó vagamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Olvidó quizá que uno de ellos es la obligación que tienen los Estados de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos. Ello significa una actitud positiva, no la mera abstención del uso de la fuerza. Implica utilizar efectivamente uno de los métodos existentes de solución de controversias. El más elemental de ellos es la negociación bilateral. Al desoír los requerimientos de las Naciones Unidas, de la OEA, del Mercosur, de la Unasur, de la Celac, del Grupo de los 77 más China (131 Estados), de las Cumbres iberoamericanas, Latinoamérica-Países Arabes y Latinoamérica-Africa, al rechazar la misión de buenos oficios del secretario General de la ONU, al no ofrecer ninguna otra alternativa de solución pacífica de la controversia, el Reino Unido incurre desde hace tres décadas en una violación de esta obligación básica de las relaciones internacionales.

Las excusas británicas para no negociar son sin fundamento. No puede escudarse en la pretendida libre determinación de los isleños cuando ninguna resolución de Naciones Unidas les ha reconocido a éstos tal derecho, contrariamente a lo que ocurre en los casos en que el principio de libre determinación es aplicable en materia de descolonización. Es una pretensión a autodecidir en una cuestión en la que la otra parte sostiene otra posición. Equivale a afirmar: “Tenemos una controversia, pero como yo tengo razón y usted está equivocado, no negocio con usted para resolverla”. Es además inconsistente con la propia práctica británica en la materia: negoció con la Argentina desde la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea general hasta 1982, aun invocando la libre determinación; lo hizo recientemente con España sin que los habitantes de Gibraltar se lo solicitaran. Negoció en 1984 con China la restitución de Hong Kong sin consultar a sus habitantes ni invocar en absoluto su libre determinación.

Enfrentada a la negativa británica de resolver la controversia y a los avances en la explotación indebida de los recursos naturales del espacio en disputa, la Argentina ha tomado una serie de medidas tendientes a salvaguardar sus derechos. Denunció en plena conformidad con el Derecho de los Tratados el acuerdo de hidrocarburos celebrado por los cancilleres Di Tella y Rifkind en 1999. Requiere que todo buque que transite entre el territorio continental argentino y las islas o atraviese aguas jurisdiccionales cuente con autorización previa. Adoptó medidas que permiten sancionar a aquellas empresas que exploren o exploten recursos de hidrocarburos sin permisos argentinos. Recientemente, en el marco del Mercosur, se decidió no aceptar en puertos de los Estados miembro y asociados a buques que enarbolen el pabellón británico de las islas Malvinas. Este conjunto de medidas es lo que el gobierno británico llama un “bloqueo económico” por parte de la Argentina.

El Reino Unido acude a una propaganda efectista para ocultar sus propias violaciones al Derecho Internacional. El “bloqueo económico” que supuestamente la Argentina impondría al territorio en disputa lo es, según el canciller Hague, para “intimidar a una población civil inocente”. Alguien que ignora completamente la situación podría creer que en el Atlántico Sur se vive una situación semejante a la cuarentena impuesta por la armada estadounidense a Cuba en plena crisis de los misiles en 1962. O que las medidas argentinas se asemejan a las que desde hace casi medio siglo los Estados Unidos imponen a Cuba. Pero aquí no hay prohibición alguna de comercio o tráfico entre el continente y las islas. Todo habitante de las islas nacido en ellas dispone exactamente de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano argentino en el continente. Si hubo una sanción colectiva en la cuestión, ésta fue la del gobierno británico que durante 17 años impedía a los detentores de un pasaporte argentino el ingreso al territorio insular. Si hay trabas para el contacto entre el continente y las islas, éstas son el producto de la política británica. Lo paradójico del caso es que son los propios dirigentes isleños los que se autoimponen una suerte de bloqueo comercial. Prefieren importar productos frescos desde Europa antes que adquirirlos en el territorio continental argentino. Se han negado rotundamente a la existencia de un vuelo de línea directo entre el territorio continental argentino y las islas. Si el vuelo semanal de LAN de Punta Arenas a las islas existe hoy, esto fue el resultado de un pedido que el gobierno argentino hizo en 1999 al chileno. Pero por sobre todas las cosas, la dirigencia isleña ha elegido el statu quo y evitar toda solución de la controversia que opone los dos países.

Ningún país que tiene una disputa de soberanía con otro puede pretender seriamente oponerse a toda solución de la controversia, instalar una base militar, explotar los recursos naturales del área en disputa y esperar que la otra parte acepte la situación de brazos cruzados. El Reino Unido no haría otra cosa si la situación fuera la inversa.

Lamentablemente, el gobierno británico ha optado por las políticas de pretender imponer de facto su posición y de desconocer la obligación elemental de solución pacífica de las controversias internacionales. En lugar de las medidas provocadoras en ocasión del 30º aniversario del conflicto armado, el gobierno británico podría resolverse de una vez por todas a desbloquear la situación, cumpliendo con lo que no sólo la Argentina, sino la comunidad internacional, le exige: sentarse a la mesa de negociaciones para resolver pacíficamente la disputa de soberanía.

                                                                      Marcelo G. Kohen

COMO ROBAR AL ESTADO CON UN CODIGO EN LA MANO

Los delitos económicos que tienen como victima al Estado son el flanco más débil de la estructura judicial al momento de establecer sanciones. La principal causa consiste en un sistema judicial cuya conducta permisiva, enmarcada en una enmarañada normativa procesal, crea las condiciones para que los expedientes -en el inteligible transito de un laberinto kafkaiano-, demoren durante décadas su resolución. A esto se suma, un Ministerio Público Fiscal, que en la práctica se muestra inútil frente a los delitos de corrupción, ante a los cuales no ha desarrollado hasta el presente ninguna política eficaz para recuperar el dinero ilícitamente apropiado de las arcas de la republica.  

Cuatro emblemáticas causas  pasaron por la Justicia con nulo resultado: IBM-ANSES; Tandanor;  la subvaluada venta del Predio Ferial de Palermo a favor de la Sociedad Rural Argentina, y  el trafico de armas a Croacia y Ecuador.

IBM-ANSES. El caso tuvo su inicio el 29 de marzo de 1996 a raíz de una presentación efectuada por Alejandro Bramer Marcovic, por entonces director ejecutivo del ANSES, en la cual se denunciaba que las tareas informáticas desarrolladas en el organismo desde 1994 por la empresa IBM evidenciaban un elevado nivel de descontrol e inseguridad, dando como resultado la modificación intencional de registros informáticos a favor de particulares con el propósito de beneficiarlos económicamente sin dejar evidencias del ilícito, dejando en consecuencia desguarnecida la integridad de los archivos y registros del organismo. El juez federal Jorge Urso, procesó  a Moschini, subgerente general de informática del ANSES y a otros siete acusados, entre  los que destacaba Gustavo Soriani, vicepresidente de IBM. La Cámara Federal confirmó los procesamientos ordenados en primera instancia y quedó probado el pago de coimas por una suma superior a U$S 60 millones. A  partir del mencionado fallo comenzaron a producirse apelaciones, pedidos de nulidad e impugnación de decenas de pericias finalmente declaradas todas improcedentes. El 10 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 sobreseyó a todos los procesados, por declarar extinguida la acción penal por prescripción. Los jueces argumentaron  que “dilaciones” de la justicia han “vulnerado la garantía razonable de duración del proceso”. Frente a esto, la fiscal Sabrina Namer  presentó un recurso para intentar que no se cierre la causa. La Cámara de Casación aún no resolvió.

TANDANOR.  La causa se refiere a la privatización fraudulenta de la empresa Tandanor durante la década de los ´90, la que había sido vendida a un grupo económico llamado Marítimos S.A., que poseía un capital absolutamente insuficiente para responder las obligaciones asumidas contractualmente. Este fue uno de los casos que mas crudamente pone al desnudo el lado oscuro de la justicia. La privatización de los astilleros se efectivizó mediante el decreto 1957/90, la que se concretó un año después, en 1991, cuando el mentado consorcio Marítimos S.A. recibió el 90% del paquete accionario de Tandanor, comprometiéndose a pagar un precio de U$S 59 millones, de los cuales solamente el 12% fue cancelado en efectivo como principio de ejecución contractual en ocasión del acto de la firma del contrato,  y el resto debía ser pagado en cuotas. Llegadas las fechas para comenzar a saldar los pagos, el adquirente incurrió en sucesivos estados de mora, los que finalmente habilitaron de pleno derecho el inicio de las ejecuciones judiciales. Estas arribaron como resultado a la evidencia indiscutible de la incapacidad económica del deudor, lo que motivó la iniciación de una investigación penal de la fraudulenta maquinación cuyo evidente objetivo era el de engañar a la administración publica. La causa penal se inició a partir de una denuncia del Ministerio de Defensa, la cual quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. La instrucción duró mas de diez años, paso por dos juzgados, tuvo 19 imputados, 41 sobreseimientos, 11 faltas de merito y finalmente 21 procesamientos; 3 intervenciones de la Sala II de la Cámara Federal durante las cuales se revocaron cuatro veces muchas de las resoluciones antes citadas y en dos oportunidades se confirmaron las resoluciones del Juez Instructor Claudio Bonadio, quien tardo 3 años en elevar la causa a juicio oral, el 9 de septiembre de 2009. En febrero de 2011 insólitamente  se resolvió –por mayoría-  a favor de los acusados,  declarando prescripta toda la causa. Frente a esto, el fiscal Marcelo Colombo y  los querellantes presentaron recursos de Casación, que siguen en trámite. El monto total del perjuicio al Estado asciende a U$S 70.000.000.

PREDIO PALERMO - SOCIEDAD RURAL ARGENTINA. En esta causa se investigaba la venta del Predio Ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a favor de la Sociedad Rural Argentina formalizada por un valor venal de U$S 30 millones, cuando coincidentemente los peritos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Hipotecario determinaron que el valor base del mismo era como mínimo de U$S 131.800.000. Dicha venta fue aprobada a libro cerrado y adjudicación directa por el entonces presidente Carlos Menem mediante el decreto N° 2699/91, suscripto conjuntamente con el ministro de economía Domingo Cavallo, actuando ambos en representación el Estado, y por Eduardo de Zavalía y Juan A. Ravagnan por la Sociedad Rural. La causa penal iniciada por fraude al estado, culminó cuando la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en junio de 2011, sobreseyó –por dos votos contra uno-, al ex presidente, considerando que la acción penal se encontraba extinguida por violación a la garantía del plazo razonable de juzgamiento. Nuevamente, no hubo condenados -mejor dicho- por incalificable omisión de justicia,  el único condenado fue el propio damnificado: el Estado argentino.

TRAFICO DE ARMAS. En la causa se investiga en contrabando de armas a Ecuador y Croacia, acontecido entre 1991 y 1995, dos países que estaban en guerra y a los que no se les podía vender material bélico por disposición de Naciones Unidas. Entre los 18 procesados se encontraba Carlos Menem, acusado de la firma de tres decretos secretos en los que figuraban dos destinos irreales: Panamá y Venezuela. También se encontraban procesados el ex ministro de Defensa, Oscar Camillión y el ex asesor presidencial y cuñado de Menem, Emir Yoma.  Pasaron dieciséis años desde que se dio inicio a la investigación penal, donde se sucedieron tres años de juicio oral, en el curso del cual, se logró la confesión de los imputados quienes detallaron meticulosamente las maniobras realizadas. Finalmente, en septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, decidió por mayoría absolver a todos los procesados. Los dos jueces que votaron por la absolución justificaron su decisión sosteniendo que: “El contexto internacional en que se ubicó nuestro país por entonces, lo muestra alineado y consustanciado con la concepción geopolítica de los EE.UU. y ello fue lo que activó  la decisión presidencial de vender armas a Ecuador y Croacia”. Así, para los jueces no existió contrabando sino: “Una decisión de política exterior” que se encuentra en el marco de las cuestiones políticas no judiciables. Para la fiscalia el perjuicio sufrido por el Estado fue de U$S 400.000.000, en tanto los abogados querellantes que representan a la Aduana sospechan fundadamente que hubo otros embarques que se desconocen. Tanto la fiscalía como la Aduana apelaron el fallo exculpatorio, por lo que ahora debe ser la Cámara de Casación la que defina su instancia, quedando abierta a posteriori la vía para recurrir a la Suprema Corte. Mientras todo esto ocurre, los confesos imputados están en plena libertad y Estado, una vez mas, ha sido vilmente robado.

                                                                       J. R.

                                            DE ESO NO SE HABLA

Los tambores de guerra suenan en forma permanente en el Medio Oriente. Los grandes medios masivos a nivel mundial y local tocan temas a ramalazos: hoy Israel, EE.UU. o la OTAN, o todos juntos, están por atacar a Siria o a Irán, o a los dos, mañana los palestinos siguen muriendo, pasado matanzas civiles en Afganistán o Pakistán, quemas del Corán, etc.

En Egipto, Túnez, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita y Bahréin, donde se han producido y continúan produciéndose con mayor o menor intensidad manifestaciones y protestas populares, los EE.UU. y sus aliados han maniobrado para que no se produzcan cambios de régimen e incluso en el caso de Bahréin –sede de la 5ta. Flota norteamericana-   autorizaron la invasión de tropas emiratíes y sauditas para reprimir y salvar al gobierno de la monarquía. En general los gobiernos de estos países son aliados de los EE.UU. y siguen su política por lo que contra los mismos no se promueven campañas mediáticas y mucho menos intervenciones de la ONU o de la OTAN. Las represiones varias siempre han sido acalladas por la gran prensa y las cadenas de noticias globales.

Las trapisondas del régimen saudita que lleva decenas de “democráticos” años en el poder, tanto en el plano del respeto a los derechos humanos en su propio país como a los ataques mencionados a sus vecinos son disculpados milagrosamente por la “comunidad internacional”. Ni el Consejo de Seguridad, ni el G-20 ni el FMI, cuya dirección acaba de felicitar a Arabia Saudita por “su papel importante en la estabilización de la economía mundial”, han hecho ni siquiera un tibio señalamiento.

Hace dos años, el adalid de la libertad y la democracia, Nicolás Sarkozy afirmó que “bajo el impulso de su majestad el rey Abdallah, Arabia Saudita estaba desarrollando una política de civilización “?.  Hoy ese país donde reina la corrupción se convirtió en la punta de lanza del sunnismo ultraconservador y reaccionario en el mundo árabe. La monarquía – en un principio espantada por la caída de los dictadores tunecino y egipcio- ahora descubre el derecho de los pueblos para oponerlo a los regímenes  de sus rivales regionales, “radicales” o chiítas.

El reino se considera impune y protegido de las tempestades populares por la indulgencia internacional de que goza la monarquía y el escudo protector proporcionado por los grandes medios y cadenas de noticias. ¿Hasta cuando?

                                                                                                                  A.P.

                                    EL AÑO DE TODOS LOS PELIGROS

¿Será 2012 el año del fin del mundo? Es lo que vaticina una leyenda maya que incluso le pone fecha exacta al apocalipsis: el 12 de diciembre próximo (12-12-12). En todo caso, en un contexto europeo de recesión económica y de grave crisis financiera y social, los riesgos no escasearán este año, que verá además elecciones decisivas en Estados Unidos, Rusia, Francia, México y Venezuela.

Pero el principal peligro geopolítico seguirá situándose en el Golfo Pérsico.¿Lanzarán Israel y Estados Unidos el anunciado ataque militar contra las instalaciones nucleares iraníes? El gobierno de Teherán reivindica su derecho a disponer de energía nuclear civil. Y el presidente Mahmud Ahmadineyad ha repetido que el objetivo de su programa no es en absoluto militar; que su finalidad es simplemente producir energía eléctrica de origen nuclear. También recuerda que Irán firmó y ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), mientras que Israel nunca lo hizo.

Por su parte, las autoridades israelíes piensan que no se debe esperar más. Según ellas, se acerca peligrosamente el momento en que el régimen de los ayatolás dispondrá del arma atómica, y a partir de ese instante ya no se podrá hacer nada. El equilibrio de fuerzas en Oriente Próximo se habrá roto, e Israel ya no gozará de una incontestable supremacía militar en la región. El gobierno de Benjamín Netanyahu estima que, en esas circunstancias, la existencia misma del Estado judío estaría amenazada.

Según los estrategas israelíes, el momento actual es tanto más propicio para golpear cuanto que Irán se encuentra debilitado. Tanto en el ámbito económico, a causa de las sanciones impuestas desde 2007 por el Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en informes alarmantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), como en el contexto geopolítico regional, porque su principal aliado, Siria, a causa de la violenta insurrección interna, se halla imposibilitado de prestarle una eventual ayuda. Y esta incapacidad de Damasco repercute en otro socio local iraní, el Hezbolá libanés, cuyas líneas de aprovisionamiento militar desde Teherán, han dejado de ser fiables.

Por estas razones, Israel desea que el ataque se lleve a cabo cuanto antes. En aras de preparar el bombardeo, ya hay infiltrados en Irán, efectivos de las fuerzas especiales. Y es muy probable que agentes israelíes hayan concebido los atentados que, estos dos últimos años, causaron la muerte de cinco importantes científicos nucleares iraníes.

Aunque Washington acusa igualmente a Teherán de estar llevando a cabo un programa nuclear clandestino para dotarse del arma atómica, su análisis a propósito de la oportunidad del ataque es diferente. Estados Unidos está saliendo de dos decenios de guerras en esa región, y el balance no es halagador. Irak ha sido un desastre y ha quedado finalmente en manos de la mayoría chií, la cual simpatiza con Teherán... En cuanto al lodazal afgano, las fuerzas estadounidenses se han mostrado incapaces de vencer a los talibanes, con los cuales la diplomacia norteamericana ha tenido que resignarse a negociar antes de abandonar pronto el país a su destino.

Estos costosos conflictos han debilitado a Estados Unidos y revelado a los ojos del mundo los límites de su potencia y su incipiente declive histórico. No es hora de nuevas aventuras. Menos en un año electoral en el que el presidente saliente, Barack Obama, no tiene la certeza de ser reelegido. Y cuando todos los recursos están siendo movilizados para combatir la crisis y reducir el desempleo.

Por otra parte, Washington está tratando de cambiar su imagen en el mundo árabe-musulmán, sobre todo después de las insurrecciones de la “primavera árabe” del año pasado. De cómplice de dictadores –en particular del tunecino Ben Alí y del egipcio Mubarak– desea ahora aparecer como mecenas de las nuevas democracias árabes. Una agresión militar contra Irán, en colaboración además con Israel, arruinaría esos esfuerzos y despertaría el antinorteamericanismo latente en muchos países. Sobre todo en aquellos cuyos nuevos gobiernos, precisamente surgidos de las revueltas populares, están dirigidos por islamistas moderados.

Una importante consideración complementaria: el ataque contra Irán tendría consecuencias no sólo militares (no se puede descartar que algunos misiles balísticos iraníes alcancen el territorio israelí o consigan golpear las bases norteamericanas de Kuwait, Bahréin u Omán) sino, sobre todo, económicas. La réplica mínima de Irán a un bombardeo de sus sitios nucleares consistiría, como sus responsables militares no cesan de prevenir, en el bloqueo del estrecho de Ormuz. Cerrojo del Golfo Pérsico, por él pasa un tercio del petróleo del mundo y unos 17 millones de barriles de crudo cada día. Sin ese aprovisionamiento, los precios de los hidrocarburos alcanzarían niveles insoportables, lo cual impediría la reactivación de la economía mundial y la salida de la recesión.

El Estado Mayor iraní afirma que “nada es más fácil de cerrar que ese Estrecho” y multiplica las maniobras navales en la zona para demostrar que está en condiciones de llevar a cabo sus amenazas. Washington ha respondido que el bloqueo de la vía estratégica de Ormuz sería considerado como un “caso de guerra”, y ha reforzado su V Flota que navega por el Golfo.

Es muy improbable que Irán tome la iniciativa de ocluir el paso de Ormuz (aunque siempre podría intentarlo en represalias a una agresión). En primer lugar porque se daría un tiro en un pie, ya que exporta su propio petróleo por esa vía, y que los recursos de esas exportaciones le son vitales.

En segundo lugar porque dañaría a algunos de sus principales socios, quienes le apoyan en su conflicto con Estados Unidos. Principalmente China, cuyas importaciones de petróleo, que alcanzan un 15%, proceden de Irán; y su eventual interrupción paralizaría parte de su aparato productivo.

Las tensiones están pues al rojo vivo. Las cancillerías del mundo observan minuto a minuto una peligrosa escalada que puede desembocar en un gran conflicto regional. Se verían implicados en él no sólo Israel, Estados Unidos e Irán, sino también otras tres potencias de Oriente Medio: Turquía, cuyas ambiciones en la región vuelven a ser considerables; Arabia Saudí, que sueña desde hace decenios con ver destruido a su gran rival islámico chií; e Irak, que podría romperse en dos partes, una chií pro-iraní, y otra suní pro-occidental.

Asimismo un bombardeo de los sitios nucleares iraníes causará una nube radiactiva nefasta para la salud de todas las poblaciones de la zona (incluidos los miles de militares estadounidenses y los habitantes de Israel). Todo ello conduce a pensar que si los belicistas están alzando con fuerza la voz, el tiempo de la diplomacia aún no ha terminado.

                                                               Ignacio Ramonet

LAS BALDOSAS DE LA MEMORIA

  El secuestro y la desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar  dejo profundas huellas en la sociedad. Huellas que no terminan de curarse. Y en consecuencia, siguen existiendo numerosas organizaciones y movimientos sociales que diariamente vuelcan su actividad a la defensa de los derechos humanos,  para buscar justicia y para rescatar la memoria y la vida de los que fueron sus victimas. Como existen muchos movimientos, también sus actividades y formas de trabajo e importancia pública son diversas. Hay modos colectivos novedosos de expresión, aunque siempre el objetivo es hacer explícito y público algo, que de otro modo permanecerá privado y oculto.

   El uso de espacio público simbólico y material tangible, juega un papel necesario y esencial  en la interacción social para poder generar trascendencia. Entre otras, son las calles, las veredas, las plazas y las paredes las que permiten una conexión inmediata con el otro que comparte el mismo espacio, concreto o virtual. En el caso de Buenos Aires y para el uso social y colectivo de dichos espacios rigen condicionamientos, que son leyes y normas dictadas y reguladas por el gobierno de la ciudad. Esto significa que los permisos  para usos y para realizar actos y actividades, que no se circunscriben a la mera circulación  o el uso “inocente”, deben ser tramitados y concordados con las oficinas habilitadas al efecto en la CABA.

  Uno de los colectivos que utiliza el espacio público para la recuperación de la memoria colectiva es el movimiento de la colocación de baldosas con los nombre de los desaparecidos Barrios X Memoria y Justicia. El mismo no tiene el propósito de convertir aquéllas en tumbas y lápidas a la manera de una persona, cuya muerte y cuerpo han sido reconocidos y el entierro ritualizado o por lo menos legalizado. Sino, y según el material testimonial recolectado, la intención es primeramente buscar sus huellas en los barrios, contactarse con los vecinos, familiares y compañeros de trabajo y/o militancia para armar la historia de vida de cada uno. Es una forma de dejar testimonios sobre los desaparecidos y su historia. En algunos de los blogs barriales se  reafirman “que las baldosas no son lápidas, son rescate de la vida y pelea de nuestros compañeros.

   Pero en este accionar para recuperar la memoria, también existen otros objetivos que tienen que ver con el de conocer la verdad y reclamar la justicia, dos aspectos inseparables  del movimiento, necesarios para no volver a repetir los horrores del pasado, y ofrecer una estructura de contención emocional íntima y colectiva.  Es en este marco que un espacio y/o un acto público adquieren su trascendencia e importancia ya que permite articular los fragmentos de la vida en una configuración mayor que le da el sentido al mundo y sus cosas. Debemos recordar que las personas desparecidas mayoritariamente no tienen tumba, donde sus deudos y amigos hubieran podido llorar.

   Ya que las baldosas testimoniales no son meras lápidas, podemos suponer que también conllevan más motivos para existir. El objetivo de una tumba “convencional” y su lápida “legalizada” es no olvidar al difunto, transmitir un recuerdo, pero, y fundamentalmente, debe existir un cuerpo en ese lugar. Las baldosas tienen algo de esto, uno de sus atributos es transmitir y preservar la memoria de la persona cuyo nombre aparece en la placa. Pero por otro lado, en estos casos estamos en presencia de placas testimoniales colocadas en lugares donde no hay cuerpos, sólo sus nombres. Los nombres están y con ellos, la materialización simbólica de las personas que vivieron, trabajaron, estudiaron o militaron en aquellos lugares. Sus nombres en las placas transmiten su identidad y pertenencia vinculante a un colectivo. De este modo se instala como una conexión entre el nombre, los hechos del pasado y la vereda pública en la cual los desaparecidos dejaron sus huellas, aunque físicamente no yacen bajo su manto.

 Aunque no existe una rigidez formal son actos profunda y tragicamente solemnes y emotivos donde se vuelcan sentimientos, recuerdos, bronca. .Son momentos donde un colectivo de familiares, compañeros, amigos dejan inscripta en las veredas de Buenos Aires la presencia de aquellos a quienes se les pretendió despojar de toda entidad, pero que son y serán la historia misma de los años de plomo.

 Los Vecinos Memoriosos de Caballito hemos participado de algunos de los actos mencionados, especificamente en la colocación de una baldosa en Neuquen y Martín de Gainza y en las cuatro que recuerdan a las alumnas y profesoras desaparecidas del Normal 4. En la actualidad calculamos que en la ciudad hay colocadas más de 150 baldosas.

                                                                                                          MN/AL

        PARQUE RIVADAVIA = PATRIMONIO VERDE ARRASADO

Cuando alguno de los vecinos de Caballito escuchamos PARQUE RIVADAVIA ,se nos dibuja una sonrisa porque nos aparecen imágenes asociadas con recuerdos. 

Nuestros hijos jugando en el arenero, disfrutando de la histórica calesita, otros chicos desafiando la subida entre los vericuetos de las añosas raíces del OMBU o jugando a las escondidas rodeando su enorme tronco mientras,  algunos de ellos descubren la posibilidad de trepar en sus fuertes ramas.

Nosotros mismos buscando la sombra protectora de las numerosas especies arbóreas , cuyas copas, compactas por los años, nos permitían el remanso de los calores del verano porteño al sentarnos en los bancos colocados para aprovechar su sombra,  el aire limpio, el concierto de sus pájaros ,la brisa que provocan las hojas al compás de algún viento.

Cualquier persona toma como referencia a un parque para muchas cosas. Es porque constituyen uno de los símbolos que conforman nuestro sentimiento de pertenencia a un lugar.

            Así lo sentimos a nuestro parque, poblado de estudiantes, trabajadores en su hora de almuerzo ,enamorados ocasionales, filatelistas de los domingos, libreros y buscadores de revistas, libros antiguos, videos. También se realizan asambleas docentes, actos políticos, conmemoraciones…..

Hace poco tiempo sucedió un hecho lamentable en este mismo parque. Una señora que se encontraba sentada en un banco junto a otros familiares perdió la vida por la caída de una rama de un árbol. El parque estuvo cerrado, el suceso no se aclaró públicamente.

Y entonces apareció la respuesta desmesurada de los responsables del cuidado del patrimonio verde de la CIUDAD: LA TALA INDISCRIMINADA E IRRESPONSABLE DE LOS AÑOSOS ARBOLES.

Indiscriminada ya que talan desde el tronco ó eliminan árboles que no representan riesgo alguno  e irresponsable porque con esta poda devastadora, en época inadecuada que no se realizó en los tiempos establecidos por la Botánica y mutilando las ramas, se producen deformaciones que afectan el equilibrio de los ejemplares .

Este mismo accionar se repite en otros parques y calles de Buenos Aires.

Ante la indignación de los vecinos, apelo para la reflexión y posterior defensa, a la CONSTITUCION DE LA HERMANA REPÚBLICA DE BOLIVIA que en el año 2009,incluyó la cosmovisión andina sobre todo el concepto “SUMAQAMAÑA” ( El buen vivir ),impulsado por el Presidente Evo Morales y que se refiere a vivir en armonía con La Naturaleza.

Extraigo lo que es más específico para la situación que nos preocupa :

“El Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia sanciona esta ley y la Asamblea Legislativa Plurinacional decreta :”

                                     LEY DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA ( 21-12-2010 )

Capítulo 2 : Definición y carácter Madre Tierra

“La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común.

Capítulo 3 : Derechos de la Madre Tierra

1º A la vida,2º A la diversidad de la vida, 3º Al agua, 4º Al aire limpio, 5º Al equilibrio, 6º, A la restauración, 7º, A vivir libre de contaminación.

Capitulo 3 :Obligaciones del Estado Plurinacional

1º : Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de ciclos, y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la MADRE TIERRA.

Artículo 9 : Deberes de las Personas

c) Participar de forma activa, personal o colectivamente en la generación de propuestas orientadas al respeto de los derechos de la Madre Tierra.

f)Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y / o sus componentes.

En nuestro país, el Sr Juez Eugenio Zaffaroni acaba de presentar su libro “ La Pachamama y el Humano “.En este libro y en sintonía con los conceptos anteriores, Zaffaroni impulsa modificaciones, incluso constitucionales para darle a la Naturaleza toda, sus derechos y expresa “No tenemos derecho a depredar, ni a causar dolor inútilmente, ni a extinguir especies, no tenemos derecho a asesinar.” Sí tenemos derecho a CONVIVIR con la NATURALEZA.

El 22 / 4 / 2009 y por iniciativa del Presidente Morales, la O.N.U. declara esta fecha como “DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”

Puede ser una justa oportunidad para que todos los vecinos de Caballito, ese día (domingo 22 /4 ) nos encontremos abrazando a nuestro parque ,ejerciendo los principios de solidaridad y armonía con los espacios verdes y demandando las obligaciones del poder ejecutivo de la Ciudad en relación a la preservación de los mismos.

                                                                                              Nela Antonelli

LAS RATAS:

HOY: El vetocidio

            E·l señor Mauricio Macri, jefe de gobierno electo de la CABA ha vetado en curto años y meses más de cien leyes generadas por la legislatura de la ciudad, algunas promovidas por diputados de su propio partido.

            El conteo es rápido :

2007: vetó dos leyes

2008: vetó catorce leyes

2009: vetó catorce leyes

2010: vetó treinta y seis leyes

2001: vetó veinte leyes

2012: ya vetó trece leyes

Leyes vetadas pendientes de publicación en el boletín oficial: cuatro

En total son ciento tres leyes.

            La vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, justificó los vetos diciendo que solo eran el 6% de las leyes aprobadas por la legislatura. No importa si es el 6% o el 60%. El veto es una opción permitida por la constitución de la CABA, pero su utilización debe ser algo excepcional, pues se entiende que cuando la legislatura aprueba una ley, el proyecto pasó por comisiones y se debatió democráticamente. En definitiva el veto permite al ejecutivo convertirse en un rey electo,ya que con su acción anula a los representantes del pueblo. Por ejemplo Cristina vetó solo dos leyes y Obama tres en sus años de gobierno.

            El veto puede ser rechazado o invalidado dado que:

1.- Una ley no puede ser vetada dos veces.

2.- El veto requiere indicar los fundamentos del mismo. Si estos no son válidos el Poder Judicial puede declararlo arbitrario.

3.- La propia Legislatura puede revisar el veto si este es declarado arbitrario, pero necesita los dos tercios de los votos, lo que aprovecha la mayoría oficialista para negar un nuevo tratamiento de la ley. Una vez vetada, la ley no puede ser tratada en el mismo período de sesiones. (artículos 87 y 88 de la constitución de la CABA).

            Dejando de lado la ingeniería legal, lo importante es que tipo de leyes vetó el ejecutivo de la ciudad. No son cualquier tipo de leyes, son algunas de profundo contenido social y otras de servicio a la comunidad. Veamos

               Decreto nº 2135/gcaba/07 sancionada: 28/12/2007

Veta el proyecto de ley n° 2.566 -creación del laboratorio estatal de producción de medicamentos

Decreto nº 798/gcaba/08 sancionada: 27/06/2008

Veta parcialmente la ley 2722 – modifica distritos de zonificación de un sector del barrio de caballito – código de planeamiento urbano – CPU– distrito E3 y el distrito R2AII – distrito R2AII – veta párafos artículo 5 y 11 del proyecto de ley 272. Esta ley fue reinstalada con el voto de cincuenta y seis legisladores. Asctualmente el macrismo permite su violación autorizando construcciones fuera de los límites previstos en la misma.

Decreto nº 9/gcaba/09 sancionada: 09/01/2009

Veta parcialmente el proyecto de ley 2973 – emergencia habitacional – viviendas – ocupantes – desalojos – veta artículos 4- 5 y 6, que suspendian los desalojos de los inmuebles ocupados pertenecientes a la Ciudad y obligaba al Poder Ejecutivo a presentar, dentro de los 90 días, un plan para solucionar progresivamente el déficit habitacional.

No le importa al ejecutivo el desalojo de familias y dejadas a la intemperie; más aún cuando algunos hoteleros, pretendidos hombres de empresas, en sus conventillos infames, los disfrazan expulsando a sus “hospedados” para alojar a turistas luego de una refacción mínima.

Decreto nº 908/gcaba/09 sancionada: 13/10/2009

Se veta el proyecto de ley 3186 – cruces vehiculares a desnivel – sobre o bajo vías férreas – protección a las personas con movilidad reducida en los cruces vehiculares a desnivel

Decreto nº 15/gcaba/10 sancionada: 08/01/2010

Veta el proyecto de ley 3298 – creación del comité contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires – en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de buenos aires – protocolo facultativo – competencias – presupuesto

Decreto nº 16/gcaba/10 sancionada: 08/01/2010

Veta el artículo 4° de la ley n° 3299 que otorga subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH

Decreto nº 86/gcaba/10 sancionada: 18/01/2010

Veta el proyecto de ley n° 3.332 - libreta de salud de niñas, niños y adolescentes – control sanitario – médico – ministerio de salud

               Decreto nº 102/gcaba/10 sancionada: 21/01/2010

Veta el proyecto de ley n° 3.369 – creación – oficina contra la trata de personas

Decreto nº 45/gcaba/11 sancionada: 13/01/2011

Veta  parcialmente el proyecto de ley 3721 – artículos 4 y 5 – creación del programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social

               Decreto nº 4/gcaba/12 sancionada: 03/01/2012

Veta parcialmente el proyecto de ley 4020 - adaptación de los semáforos -aplicación exclusiva y uniforme - personas ciegas y disminuidas visuales - sistema técnico -emisión sonora -cumplimiento – plazo

Decreto nº 50/gcaba/12 sancionada: 11/01/2012

Veta el proyecto de ley n° 4094 – otorga un subsidio por el monto de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a la “asociación síndrome de down de la república argentina”

Decreto nº 53/gcaba/12 sancionada: 11/01/2012

Veta proyecto de ley 4.119

            Esto es solo una muestra de las leyes vetadas.  Todas con hondo contenido social, donde se desconoce neesidades de los habitantes de la ciudad con distinto tipo de dificultades, desde los más humides y postergados, hasta los no videntes. Y también claro están los vetos orientados en sentido contrario a la evolución del país como ningunear a la APDH o negar la realización del Congreso Pedagógico que puede debatir sobre porque se subsidia a las escuelas privadas quitando presupuesto a las públicas, etc. En definitiva son vetos claramente ideológicos, que expresan una mentalidad reaccionaria, similar a la de Piñera en Chile o Santos en Colombia. Los porteños tenemos la obligación de difundir esto en todo el país para que en el futuro Argentina no se convierta en un reservorio de la derecha más retrógrada,

                                                                                                          A.L.