COMO ROBAR AL ESTADO CON UN CODIGO EN LA MANO
Los delitos económicos que tienen como victima al Estado son el flanco más débil de la estructura judicial al momento de establecer sanciones. La principal causa consiste en un sistema judicial cuya conducta permisiva, enmarcada en una enmarañada normativa procesal, crea las condiciones para que los expedientes -en el inteligible transito de un laberinto kafkaiano-, demoren durante décadas su resolución. A esto se suma, un Ministerio Público Fiscal, que en la práctica se muestra inútil frente a los delitos de corrupción, ante a los cuales no ha desarrollado hasta el presente ninguna política eficaz para recuperar el dinero ilícitamente apropiado de las arcas de la republica.
Cuatro emblemáticas causas pasaron por la Justicia con nulo resultado: IBM-ANSES; Tandanor; la subvaluada venta del Predio Ferial de Palermo a favor de la Sociedad Rural Argentina, y el trafico de armas a Croacia y Ecuador.
IBM-ANSES. El caso tuvo su inicio el 29 de marzo de 1996 a raíz de una presentación efectuada por Alejandro Bramer Marcovic, por entonces director ejecutivo del ANSES, en la cual se denunciaba que las tareas informáticas desarrolladas en el organismo desde 1994 por la empresa IBM evidenciaban un elevado nivel de descontrol e inseguridad, dando como resultado la modificación intencional de registros informáticos a favor de particulares con el propósito de beneficiarlos económicamente sin dejar evidencias del ilícito, dejando en consecuencia desguarnecida la integridad de los archivos y registros del organismo. El juez federal Jorge Urso, procesó a Moschini, subgerente general de informática del ANSES y a otros siete acusados, entre los que destacaba Gustavo Soriani, vicepresidente de IBM. La Cámara Federal confirmó los procesamientos ordenados en primera instancia y quedó probado el pago de coimas por una suma superior a U$S 60 millones. A partir del mencionado fallo comenzaron a producirse apelaciones, pedidos de nulidad e impugnación de decenas de pericias finalmente declaradas todas improcedentes. El 10 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 sobreseyó a todos los procesados, por declarar extinguida la acción penal por prescripción. Los jueces argumentaron que “dilaciones” de la justicia han “vulnerado la garantía razonable de duración del proceso”. Frente a esto, la fiscal Sabrina Namer presentó un recurso para intentar que no se cierre la causa. La Cámara de Casación aún no resolvió.
TANDANOR. La causa se refiere a la privatización fraudulenta de la empresa Tandanor durante la década de los ´90, la que había sido vendida a un grupo económico llamado Marítimos S.A., que poseía un capital absolutamente insuficiente para responder las obligaciones asumidas contractualmente. Este fue uno de los casos que mas crudamente pone al desnudo el lado oscuro de la justicia. La privatización de los astilleros se efectivizó mediante el decreto 1957/90, la que se concretó un año después, en 1991, cuando el mentado consorcio Marítimos S.A. recibió el 90% del paquete accionario de Tandanor, comprometiéndose a pagar un precio de U$S 59 millones, de los cuales solamente el 12% fue cancelado en efectivo como principio de ejecución contractual en ocasión del acto de la firma del contrato, y el resto debía ser pagado en cuotas. Llegadas las fechas para comenzar a saldar los pagos, el adquirente incurrió en sucesivos estados de mora, los que finalmente habilitaron de pleno derecho el inicio de las ejecuciones judiciales. Estas arribaron como resultado a la evidencia indiscutible de la incapacidad económica del deudor, lo que motivó la iniciación de una investigación penal de la fraudulenta maquinación cuyo evidente objetivo era el de engañar a la administración publica. La causa penal se inició a partir de una denuncia del Ministerio de Defensa, la cual quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2. La instrucción duró mas de diez años, paso por dos juzgados, tuvo 19 imputados, 41 sobreseimientos, 11 faltas de merito y finalmente 21 procesamientos; 3 intervenciones de la Sala II de la Cámara Federal durante las cuales se revocaron cuatro veces muchas de las resoluciones antes citadas y en dos oportunidades se confirmaron las resoluciones del Juez Instructor Claudio Bonadio, quien tardo 3 años en elevar la causa a juicio oral, el 9 de septiembre de 2009. En febrero de 2011 insólitamente se resolvió –por mayoría- a favor de los acusados, declarando prescripta toda la causa. Frente a esto, el fiscal Marcelo Colombo y los querellantes presentaron recursos de Casación, que siguen en trámite. El monto total del perjuicio al Estado asciende a U$S 70.000.000.
PREDIO PALERMO - SOCIEDAD RURAL ARGENTINA. En esta causa se investigaba la venta del Predio Ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a favor de la Sociedad Rural Argentina formalizada por un valor venal de U$S 30 millones, cuando coincidentemente los peritos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Hipotecario determinaron que el valor base del mismo era como mínimo de U$S 131.800.000. Dicha venta fue aprobada a libro cerrado y adjudicación directa por el entonces presidente Carlos Menem mediante el decreto N° 2699/91, suscripto conjuntamente con el ministro de economía Domingo Cavallo, actuando ambos en representación el Estado, y por Eduardo de Zavalía y Juan A. Ravagnan por la Sociedad Rural. La causa penal iniciada por fraude al estado, culminó cuando la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, en junio de 2011, sobreseyó –por dos votos contra uno-, al ex presidente, considerando que la acción penal se encontraba extinguida por violación a la garantía del plazo razonable de juzgamiento. Nuevamente, no hubo condenados -mejor dicho- por incalificable omisión de justicia, el único condenado fue el propio damnificado: el Estado argentino.
TRAFICO DE ARMAS. En la causa se investiga en contrabando de armas a Ecuador y Croacia, acontecido entre 1991 y 1995, dos países que estaban en guerra y a los que no se les podía vender material bélico por disposición de Naciones Unidas. Entre los 18 procesados se encontraba Carlos Menem, acusado de la firma de tres decretos secretos en los que figuraban dos destinos irreales: Panamá y Venezuela. También se encontraban procesados el ex ministro de Defensa, Oscar Camillión y el ex asesor presidencial y cuñado de Menem, Emir Yoma. Pasaron dieciséis años desde que se dio inicio a la investigación penal, donde se sucedieron tres años de juicio oral, en el curso del cual, se logró la confesión de los imputados quienes detallaron meticulosamente las maniobras realizadas. Finalmente, en septiembre de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, decidió por mayoría absolver a todos los procesados. Los dos jueces que votaron por la absolución justificaron su decisión sosteniendo que: “El contexto internacional en que se ubicó nuestro país por entonces, lo muestra alineado y consustanciado con la concepción geopolítica de los EE.UU. y ello fue lo que activó la decisión presidencial de vender armas a Ecuador y Croacia”. Así, para los jueces no existió contrabando sino: “Una decisión de política exterior” que se encuentra en el marco de las cuestiones políticas no judiciables. Para la fiscalia el perjuicio sufrido por el Estado fue de U$S 400.000.000, en tanto los abogados querellantes que representan a la Aduana sospechan fundadamente que hubo otros embarques que se desconocen. Tanto la fiscalía como la Aduana apelaron el fallo exculpatorio, por lo que ahora debe ser la Cámara de Casación la que defina su instancia, quedando abierta a posteriori la vía para recurrir a la Suprema Corte. Mientras todo esto ocurre, los confesos imputados están en plena libertad y Estado, una vez mas, ha sido vilmente robado.
J. R.
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