Vecinos Memoriosos de Caballito

DE QUE JUSTICIA NOS HABLAN?

Existen acontecimientos que por su trascendencia parecerían poder transformar por si solos las realidades conflictivas, intrínsecas y estructurales de los países.  Tal es hoy lo que ocurre con el gobierno argentino, que tras el fallecimiento de Chávez podría encontrase con la necesidad de desempeñar un rol diferente en el desarrollo de las transformaciones de paradigmas en Latinoamérica. Y obviamente que decir de los cambios que implicará la entronización del obispo de Buenos Aires -quién hace casi diez años que no contaba con la presencia del Presidente de la República en el Tedeum metropolitano-, hoy devenido en Su Santidad Francisco, quién en uno de sus primeros actos protocolares ha invitado a almorzar en la residencia Santa Marta, en el Vaticano, a Cristina Fernández de Kirchner, encuentro que insólitamente estuvo signado por besos, regalos y deseos recíprocos de buena venturanza.

Es indiscutible que si hay algo que caracteriza a la política es precisamente la permeabilidad a la dinámica de los cambios. Pero claro que esta regla -como toda regla que se precie de ser tal-, tiene sus excepciones: Si hay algo que no cambia en nuestro país es la estructura cristalizada de su Poder Judicial, el anacrónico método de dación de justicia, el inveterado uso de un lenguaje encriptado solo digno de ser hablado y entendido únicamente por los iniciados, irreductibles tiempos de resolución de conflictos absolutamente ajenos a las necesidades de los justiciables, la existencia de vínculos y compromisos que denigran el principio de neutralidad, la desestimación de las necesidades de los sectores sociales vulnerables, y la consentida desprotección a la victima.

 Perecería que la convocatoria que realizó el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Parlamentaria reclamando la necesidad de democratizar la justicia, fue efectuada ante el hartazgo provocado por el uso abusivo de las medidas cautelares arbitradas en contra de los intereses del estado, mas precisamente ante los impedimentos de la plena aplicación de la ley 26.522 por parte del Grupo Clarín que como es sabido, también hasta el hartazgo, antepone sus negocios privados a la libertad de expresión. Sin embargo, la afirmación vertida en estos términos es evidentemente mezquina, infantil y tendenciosa. El debate de la democratización de la justicia no es contra nadie, sino a favor de promover la creación de instrumentos institucionales que permitan mejorar la legitimidad de origen, pero también la del ejercicio del Poder Judicial. El objetivo es tratar de superar la desconexión que muchas veces existe entre una organización y sus prácticas, entre la estructura funcional de la justicia y las demandas sociales.

Es necesario, entonces, reflexionar sobre el Gobierno de los Jueces.

Los Magistrados, Señorías y Excelencias, gobiernan irrestrictamente sin estar legitimados por el voto popular. Administran el castigo, las reparaciones, privan y conceden derechos esenciales. El ejemplo mas claro y dramático son los reiterados fallos de la Cámara Civil y Comercial Federal que se alzaron contra una de la leyes quizás mas democráticas que recuerde nuestra historia parlamentaria; y que decir al respecto del fallo escandalosamente exculpatorio emitido en diciembre de 2012 por la Sala II de la Excelentísima Cámara Penal de la Provincia de Tucumán en el caso relacionado con la imputación de secuestro y sumisión a la esclavitud de Marita Verón.

Existe una justificada creencia popular que la justicia es secreta, palaciega, casi de estructura feudal, burocrática, y es en razón de ello que el común de los mortales solo puede observarla desde abajo.

María Laura Garrigos de Rébori, Presidenta de la Cámara en lo Criminal y Correccional, define la democratización de la justicia con una sola palabra: ABRIRLA.  Y la apertura es reconocer la existencia de una gran falacia: El discurso que habla de la independencia de los jueces respecto del poder político y económico.  Y ello es una evidente mentira porque los jueces son en si mismo un poder político ejerciendo un poder efectivo en cada decisión que se toma: ahí es cuando se resignifican las reglas y el discurso, se construyen realidades, se instalan ideas sobre las potestades del poder o sobre los verdaderos destinatarios de la distribución de los bienes de la sociedad. Con relación a la vinculación de determinados estamentos del Poder Judicial con determinadas corporaciones, coincidimos con Foucault cuando afirma que el poder económico es mas peligroso cuando seduce que cuando castiga. Existen asociaciones con personería jurídica que gozan de gran predicamento en los fueros y aún en la Corte Suprema, tal como por ejemplo la “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional” que reconoce abiertamente la legitimidad de la existencia de esponsores que brindan ingentes recursos económicos, entre otras cosas, para la organización de congresos y eventos profesionales que se realizan tanto en el país como en el extranjero. El ejemplo mas claro es el del Camarista Federal Francisco de las Carreras quién paseó por Miami por cuenta y orden de Cablevisión, y en oportunidad de ser legítimamente recusado, sus pares rechazaron la objeción y el mismo adujo que tenía ”tranquilidad de espíritu y libertad de conciencia”. La Corte Suprema como estructura de superintendencia solo aporto silencio, prueba más que evidente que la familia judicial existe y no desampara a sus miembros.

Después de 836 palabras el lector está legitimado a preguntarse como se sale de este modelo perverso y elitista. Y el inicio de la respuesta, como ya dijimos, está en la génesis. Una de las cuestiones claves es la formación del futuro abogado en las Facultades de Derecho; una cosa es enseñar que el Derecho es un conjunto de normas, y otra cosa es decir que el Derecho es un discurso que da sentido y que tiene que ver con las relaciones de poder en una sociedad.

Es evidente que el conjunto de las anómalas situaciones planteadas ya no soportan el esperar sine die soluciones de devengan de actitudes voluntaristas o complacientes emanadas del propio estamento puesto en crisis.

En la agenda de cualquier programa “real” de democratización de la justicia debería proponerse al debate público los siguientes puntos:

·       Juicio por jurados para todas las ramas del derecho.

·       Transparencia, publicidad, oralidad y audiencias públicas en los procedimientos de todos los fueros (civil, comercial, penal, laboral, administrativo y familia)

·       Horizontalidad en las organizaciones de jueces.

·       Autonomía plena de la Defensa Pública.

·       Reorganización del Ministerio Público Fiscal hacia los intereses sociales y de las victimas.

·       Reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

·       Reconocimiento de la administración de justicia de los pueblos indígenas.

·       Fortalecimiento de la estructura de los jueces de paz, tribunales vecinales y centros comunitarios de acceso rápido y directo a la justicia.

·       Reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con inclusión de consejeros ciudadanos.

·       Equiparación fiscal de los miembros del Poder Judicial con el resto de los contribuyentes, en sostenimiento del principio de equidad e igualdad ante la ley.

                                        J. R.