SOBERANÍA , RECURSOS NATURALES y JUSTICIA SOCIAL
En España hay una revista nueva que se llama
Mongolia, que es muy parecida a nuestra Barcelona, en cuanto a la ironía y la sátira mordaz. En su número de
junio sacó una contratapa en la que aparece el Ministro de Industria español,
José Manuel Soria con rostro en ira y gesto amenazante señalando a una imagen
de la República Argentina a
la que le grita desencajado, con mirada furibunda: “Infames, devolvednos vuestro
petróleo”.
Es indudable que la recuperación del manejo político
y estratégico de YPF marca un hito en la historia económica argentina contemporánea
y determina un antes y un después que rompe definitivamente con el paradigma
neoliberal del Estado ausente de la década de los 90. Esta decisión del
gobierno de Cristina Kirchner se enmarca consecuentemente en un decidido
proyecto de soberanía económica -que reconoce casi diez años de ininterrumpida
gestión-, la misma se emparenta con la
osada renegociación de la deuda externa; el poner fin al ciego acatamiento de
los dictados del FMI; la recuperación de los fondos de las AFJP y la reforma de
la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras.
El declarado objetivo del autoabastecimiento y el
manejo soberano de la energía es el transformar a la Argentina de un país
meramente exportador de materias primas,
en un país de incipiente pero creciente desarrollo industrial, aún en lo
referente al sector agro industrial el que se acrecienta, gracias a las
políticas de fomento económico y tecnológico, con el aditamento de un valor
agregado que resulta necesario para lograr la incorporación de un mayor índice
de calidad y cantidad de empleo y una apreciable competitividad internacional.
Cohabitan en el marco de la decisión estatizadora,
dos factores de alta relevancia, en primer lugar proporcionar combustible
accesible no solo para la industria y el agro, sino también para las familias,
en especial para los sectores mas humildes consumidores obligados del gas
domiciliario en garrafa; pero simultáneamente a ello existe la firme decisión
de que YPF profundice sus objetivos de
cateo, exploración y producción con un alto nivel de profesionalismo, así como
la legitima pretensión de obtención de rentabilidad tendiente a confirmar la
efectividad y eficiencia de la gestión estatal.
Efectuar la definición política de la matriz
energética es esencial para el desarrollo de cualquier país. No debemos olvidar
que hasta ahora éramos los únicos en Latinoamérica y casi del mundo que no manejaba sus recursos
naturales ni efectuaba el control de la sustentabilidad de los mismos. Controlar
la petrolera estatal en el este preciso momento es oportunamente coincidente
con los pronósticos científicos realizados por idóneos expertos, comprobados
fehacientemente, que colocan mundialmente a la Argentina en el tercer lugar en
materia de reservas de recursos de energía no convencionales, los denominados shale
oil y shale gas. Pero el Estado y el nuevo directorio de la petrolera son
concientes que para obtener resultados positivos es imprescindible contar con una
planificación de gran aliento y de continuidad en el tiempo.
Claro que sería de una injustificable miopía
desvincular la faz económica de la esencialmente política. El manejo absolutamente
discrecional de Repsol ejercido con relación a la obtención de la renta
hidrocarburifera fue la demostración de una conducta de definida sujeción
colonialista en cuanto a la apropiación indiscriminada de las riquezas y el
destino final del rédito imputado exclusivamente a utilidades. En los últimos
tiempos, más del noventa por ciento de las ganancias “declaradas” de Repsol-YPF
fugaron del país. Paralelamente, en casi
en la misma proporción la empresa española contrajo deuda en el mercado libre de
capitales que se garantizaba a futuro con las reservas energéticas argentinas.
Los comportamientos capitalistas en América Latina,
desde la American United Fruit Co., hasta la actualidad, se han basado
en obtener brutal e indiscriminadamente los nutrientes necesarios para
solventar las necesidades de expansión y crecimiento de los países “centrales”
en claro detrimento de los “periféricos”; y ha sido precisamente sobre esta matriz de intercambio y la tendenciosa
discriminación del valor de las mercaderías, que se definieron en paralelo formulas para
disciplinar el ordenamiento social y los
modelos ideológicos del pensamiento, de modo tal de colocar a los países proveedores
de materias primas en una situación de obligado cumplimiento de un rol intencionalmente
subsidiario al servicio del crecimiento de los países poseedores del desarrollo
científico técnico monopólico de
características y entidades exclusivas e indelegables.
Históricamente, gran parte de los comportamientos
oligárquicos de nuestras tradicionales elites terratenientes estuvieron
signados fundacionalmente en reconocimiento de un rol de subalternidad frente
al rol regulador de los imperios y sus agentes financieros, llámese, en
nuestro caso, Inglaterra primero y
posteriormente los EE. UU. Es en razón de ello que hoy adquiere vital
importancia reivindicar las decisiones soberanas en materia de recursos energéticos habidas en
la región y que fueron determinadas en
el marco de decisiones independentistas
y antiimperialistas, aún desde posturas diferentes, tanto de Mosconi a Cárdenas,
como de Perón a Getulio Vargas. Estas posturas políticas en su momento marcaron
elementos claves para la construcción de una novísima dialéctica histórica
signada con un definido carácter nacional y popular, que hacia el eje en un
Estado centralizador. Asumimos el riesgo de afirmar que estos actos trascendentales
de principios del siglo XX, vuelven a tener vigencia en pleno siglo XXI.
Si hay algo que ha caracterizado al actual proyecto
político es la indiscutible vocación del fortalecimiento de la integración continental tendiente a restablecer la reconstrucción ideológica
del concepto abarcativo de la patria grande con una definida vocación descolonizante. Y es en este marco donde debemos insertar la
alianza estratégica entre YPF y PDVSA,
pensada y gestionada como antinomia del modelo energético neoliberal.
Venezuela es miembro fundador de la OPEP y ha sido el
país que revitalizó, a partir del 2001, la defensa de la industria petrolera de
los países miembros, priorizando el interés doméstico por sobre el de las
empresas multinacionales de capitales
privados. Conforme las propias
estadísticas de la OPEP y los pronósticos elaborados por centros internacionales, existe plena coincidencia en certificar que el país caribeño detenta la
mayor existencia de reservas de crudo
del planeta, superando con creces las que se encuentran en los países de la península arábiga. En materia de gas natural, Venezuela se
destaca por ser la octava potencia gasífera del mundo y la segunda del continente americano. Es la segunda potencia
refinadora de la OPEP y la tercera latinoamericana, luego de Brasil y México.
El objetivo de ambas empresas petroleras, YPF y PDVSA
-hoy ambas bajo control estatal-, es
priorizar la venta de sus productos a las economías latinoamericanas con el claro concepto geopolítico de utilizar
los hidrocarburos como herramienta y motor de la integración regional y la
consolidación de los bloques de poder como el MERCOSUR, el ALBA, el ALBA -
CARIBE y la UNASUR.
No es casual que en el decurso de la mitad del siglo
XX y en la primera década del presente hayan prevalecidos los conflictos
bélicos cuyos objetivos, confesados o no, eran la apropiación de los recursos
naturales no renovables, en especial los hidrocarburíferos, por ello, es hora
que la Argentina se ponga en marcha, no solo para explotar sus riquezas y usufructuarlas plenamente,
sino y fundamentalmente, para expresar sin tapujos su decidida vocación de
soberanía plena porque, sin lugar a dudas, de ella depende el futuro de todos
los argentinos. Pero debemos tener muy claro que la acumulación de riquezas, en
el contexto descrito, solo tendrá sentido si está acompañada de un desarrollo
productivo con integración y distribución de la renta destinada a profundizar la justicia social.
J. R.
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