Desde una
perspectiva marxista, el Estado es el instrumento de dominación de la clase
económicamente dominante y este dominio puede expresarse políticamente en la
forma de un gobierno dictatorial o no.
Dicho esto,
puede decirse que el Golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976 destituyó a un
gobierno elegido democráticamente y estuvo dirigido contra los trabajadores con
la intención de trasformar radicalmente la estructura económico – social
generada tras largas décadas de desarrollo industrial. Desde un punto de vista estratégico se pretendió
alterar la correlación de fuerzas derivada de la presencia de una clase obrera
industrial acentuadamente organizada y movilizada en términos políticos
ideológicos. En otras palabras, todo se orientó a modificar los basamentos
económicos –estructurales que habían hecho posibles fenómenos como el peronismo
y procesos sociopolíticos como el Cordobazo, el Rosariazo y el Tucumanazo y un poco antes, los congresos de la CGT de
Huerta Grande (1962) y La Falda (1957) en donde se planteaba por ej.,
nacionalizar todos los bancos, Implantar el control estatal sobre el comercio
exterior, nacionalizar los sectores claves de la economía, siderurgia,
electricidad, petróleo, frigoríficos, desconocer los compromisos financieros
del país, expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de
compensación, implantar el control obrero sobre la producción. El propio
surgimiento de la CGT de los Argentinos en Julio de 1968 con dirigentes
combativos y antiburocráticos de la
talla de Raimundo Ongaro, Ricardo de Luca, Julio Guillan, Lorenzo Pepe, Jorge
Di Pascuale, Benito Romano entre otros es un hecho sindical y político de gran
envergadura, primero porque reconocían diferentes orígenes y experiencias
políticas y segundo por el respaldo político de las bases. Se trataba sin duda
de una Clase Obrera que cuestionaba las propias bases del sistema capitalista.
Todo esto se desarrollaba en el marco de
un proceso complejo y contradictorio.
Contra los
trabajadores y fundamentalmente contra los trabajadores industriales se orientó
el Golpe del ’76. No solo se trató de su extermino físico sino de su exterminio
como clase. Por cierto que la represión también afectó a amplios sectores
populares, pero en lo esencial eran los trabajadores industriales.
La
transformación radical de la economía “fue
impuesta mediante el disciplinamiento de los sectores populares cuya expresión
más acabada fueron los 30000 desparecidos, la complicidad empresaria con
represión en los lugares de trabajo
(Acindar, Astarsa, Dalmine-Siderca, Ford, Ledesma, Mercedes Benz, entre
otros).la intervención de los sindicatos, el cercenamiento de las conquistas
laborales de larga data y la participación de importantes funcionarios de
muchas de las empresas de mayor envergadura del país en ámbitos estratégicos
del aparato estatal”[1]
José Martínez de
Hoz, de Acindar, Terán Nougués, de
Giorovaglio, Francisco Soldati, de Soldati, Oxenford, de Banco Roberts,
Nicholson de Ledesma son parte de una larga lista de empresarios que pusieron
sus plumas y acciones al servicio de la dictadura. Estos nombres personalizan a
aquella fracción de clase que impulsaron una profunda reconversión de la
estructura económica. Era necesario pasar de un modelo basado en sustitución de
importaciones exitoso, con un crecimiento anual de un 5% y una tasa de
desocupación baja, a otro basado en la valoración financiera del capital.
La caída de los
salarios y la desocupación dan cuenta del profundo proceso de desindustrialización
y otro de los rasgos distintivos del plan económico de la dictadura fue el
feroz proceso de concentración y centralización del capital.
Pero la
complicidad civil no solo se plantea en el terreno económico, era, sí
centralmente en el ámbito de la economía, sin embargo al hablar de complicidad civil hablamos, de
la Iglesia, los sindicatos, etc.
José Rodriguez
asume al frente de SMATA (nacional)
después el asesinato de Dirk Kloosterman el 22/05/1973, alineado con la
burocracia sindical se enfrentará con las
corrientes clasistas y combativas.
René Salamanca
al frente de la lista Marrón, gana, en abril de 1972 en la seccional cordobesa
del SMATA. Este acontecimiento tuvo un impacto fundamental en el
fortalecimiento de la corriente combativa, que había tenido en la conformación
de la CGT de los Argentinos (1968) un hito fundamental. En todo este período
SMATA-Córdoba consolidó alianzas con otros dirigentes combativos como Agustín
Tosco de Luz y Fuerza y Atilio López de la UTA con los que fundaron el Movimiento
Sindical Combativo que tuvo una profunda influencia en los sectores sindicales
combativos en todo el país.
Como método de
organización y dirección política, Salamanca se apoya en los cuerpos de
delegados, consideraba a las asambleas de base como una instancia
central y estableció la rotación de los miembros de la comisión directiva.
José Rodriguez
se enfrentó a la seccional Córdoba de su
gremio de manera sistemática y permanente y ese enfrentamiento se profundizó
después de que en las elecciones internas de 1974 Salamanca consolida su
influencia al ganar por una diferencia aún mayor a la elección de dos años
atrás.
Finalmente una
medida de fuerza cuestionada por el Ministerio de Trabajo y a la que Renault
respondió con la suspensión de unos 3000 trabajadores le dio a Rodriguez la
oportunidad de desarticular al sindicato cordobés. Salamanca ante una asamblea de unos 6000
trabajadores plantea el rechazo a la conciliación obligatoria y es respaldado
por la mayoría de los trabajadores. SMATA central lo expulsa junto a 22
dirigentes del Comité Ejecutivo y decretó la suspensión de la regional.
Siguiendo
órdenes gubernamentales, el Banco Central suspendió los fondos sindicales en
las cuentas del país de la seccional y el mismo día Rodriguez publica en los principales
diarios de Buenos Aires y Córdoba un a solicitada donde denuncia al sector
clasista caracterizándolo como defensores de ideologías foráneas e implica a
todo el movimiento obrero cordobés en una “conspiración de la izquierda
cipaya”. Esta ofensiva escaló aún más después del asesinato de Atilio
López por la Triple A, el 16/09/1974,
hecho que fue seguido de numerosos asesinatos.
El 24 de marzo
de 1976, René Salamanca fue secuestrado y desaparecido por el ejército.
Otros casos
particularmente significativos fueron los de Mercedes Benz y Ford Motors a
partir de 1975. Un hito muy importante
fue cuando se firmó el decreto de “aniquilamiento de la subversión en
los centros industriales” el 6/10/75, que asimilaba la lucha obrera a un
proceso de guerrilla industrial.[2] Tal vez ese haya sido el hecho político y el
sostén ideológico para tomar un conjunto de decisiones particularmente
significativas que muestra la relación entre las empresas automotrices y el
SMATA de José Rodriguez, por ej., es la
firma de un convenio que estableció que el 1% del precio de venta de cada vehículo
se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de
elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería administrado por la
dirección del sindicato, sin auditoría alguna, a cambio de que la propia
entidad supuestamente representativa de los trabajadores se encargaría de
garantizar la represión efectiva.
En Acindar y
Techint, se militariza la relación laboral, en Libertador San Martín, en Jujuy,
el Ingenio Ledesma pone hombres y pertrechos al servicio de la represión.
Estos casos, los
de SMATA, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Techint, Dalmine-Siderca son parte de
las evidencias de la complicidad civil, sean estos dirigentes gremiales o
empresarios pero de ninguna manera las únicas
Son cientos, tal
vez miles, los documentos, declaraciones públicas y hechos políticos que se
presentan como evidencia de la convivencia entre la cúpula de la iglesia y las
FF.AA.
El libro de
Emilio Mignone, un poco más tarde el de Rubén Dri, los trabajos de Horacio
Verbitsky dan cuenta del apoyo ideológico y político de la Iglesia Católica a
las FF.AA. Es pertinente preguntarse si sin este respaldo se podría haber ido
tan lejos.
Resulta
imposible sintetizar todo esto en pocas líneas, solo recordar un hecho
particularmente significativo.
En 1979, en
oportunidad de la visita del Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lambruquini reemplaza a Massera al frente de la armada. En la ESMA aún quedaban
unos 60 secuestrados que eran necesarios esconderlos a la “vista” de la
comisión por lo que son trasladados a una isla en el Delta del Tigre hasta
tanto la CIDH visite los lugares sobre los que tenía pruebas de que habían sido
utilizados como campos. La iglesia estaba perfectamente al tanto. La isla se
llamaba “El Silencio” y había sido
por muchos años el lugar de descanso del arzobispado. “El grupo de tareas de la ESMA la compró con documentos de un detenido-
desaparecido y el vendedor fue el secretario de Mons. Tortolo y Bonamín en el vicariato castrense, Mons. Emilio
Graselli”[3].
Evidencias hay.
DL
[2] El decreto fue firmado por Italo Argentino Luder (presidente
provisorio del Senado de la Nación) y secundado por los ministros Manuel Arauz
Castex, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero etc.
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