Vecinos Memoriosos de Caballito

Número aniversario (Marzo 2006)

EXPROPIACIÓN DE TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: POLÍTICA DE ESTADO EN AMERICA LATINA

Pueden cambiar las etiquetas, las políticas locales, las demarcaciones cartográficas, pero medularmente nuestro continente, desde el Río Bravo hacia sur se encuentra a merced de los Cuatro Jinetes del Mercado: Privatización Territorial, Enajenamiento Ilegitimo de los Recursos Naturales, Acaparamiento Genético y Racismo Ambiental. Esta realidad marca un trasfondo real y perturbador para los gobiernos latinoamericanos que hoy se jactan de ser “populares”, “democráticos” y “progresistas”, y por sobre todo “independientes” del gobierno estadounidense y la globalización impuesta. Congresos como el mexicano alfombran el camino a la libre intervención extranjera de los recursos biológicos y genéticos, a través de la vergonzante “Ley Monsanto”. Presidentes como el peruano, el argentino y el saliente chileno expulsan a los pueblos aymará, mapuche y wichi de sus tierras originarias, y tal como ocurre en Brasil, Colombia y Ecuador, los poderes judiciales están al servicio de las multinacionales y los grandes terratenientes a fin de “garantizar la legalidad de los actos”. La vulneración planificada de la integridad territorial de los pueblos originarios en Chile y Argentina, es una clara violación de derechos humanos y una expresa forma de discriminación ejecutada por gobiernos en la disciplinada implementación de políticas del sector privado, acciones y omisiones que agreden abiertamente el ambiente, la salud, la biodiversidad, la economía local y la calidad de vida. Es indudable que esta política de los Estados repercuten principalmente en los territorios de sectores vulnerables, como los indígenas. Los pueblos originarios, entre ellos los mapuches reivindican el derecho a ejercer un control efectivo sobre sus territorios en Chile y Argentina estableciendo su propio desarrollo, principalmente ante la desprotección de su territorialidad, que ha llevado a la privatización de derechos de aguas, del mar y borde costero, la expansión de plantaciones forestales, la constitución de concesiones mineras, explotación de hidrocarburos, el patentamiento de germoplasma, la implementación de grandes obras viales, industriales y de turismo indiscriminado. Todo, en nombre de un modelo de desarrollo y progreso que en realidad resulta “crecimiento económico” (sic) en beneficio directo de las grandes compañías, muchas de ellas transnacionales, en evidente y claro desmedro de una larga lista de comunidades que se ven impelidas, como lo ha sido históricamente, a sacrificar diariamente su calidad de vida, viendo como se deteriora su ancestral ambiente y con ello su salud y seguridad. El antropólogo y analista Alfredo Seguel, afirma que el racismo ambiental “es una forma de discriminación ocasionada por las políticas públicas o privadas, que se manifiesta en la intención de que los costos ambientales sean exclusivamente asumidos por un grupo determinado de la población o en la exclusión manifiesta de este grupo en la toma de decisiones que afectan sus vidas”. La empresa hispano-argentina (?) Repsol – YPF, que durante la última década sacó millones de barriles de crudo de la provincia del Neuquén, hoy impunemente en la zona de Loma de la Lata obliga a 75 familias de las comunidades de Kaxipayiñ y Paynemil a convivir en su territorio con 65 pozos de petróleo, ductos y mecheros de venteo de gas. Sus efectos se asocian ya con casos comprobados de anancefalia, crías de animales con malformaciones, núcleos familiares enteros envenenados metódicamente por materiales pesados como plomo, cadmio, arsénico, níquel, aluminio y manganeso. El complejo turístico Chapelco, dedicado al esquí, ha provocado la contaminación deliberada de aguas de vertientes que proveen a las comunidades Curruhuinca, obligándola compulsivamente a emigrar a zonas adversas e inhóspitas, situación similar se produce con la explotación de minas de oro, las que con la utilización de cianuro, son contaminantes acuíferas de primer orden afectando directamente a la comunidad mapuche Puelmapu de la provincia del Chubut. Uno de los ejemplos de mayor corrupción e ilegitimidad, es el que actualmente enfrenta la comunidad wichi de la reserva General Pizarro en la provincia de Salta, a la que primero se le enajenó una “reserva” y luego se vendió. En 1995 se declaro al territorio restante “área protegida”, pero en 2004 se puso a la venta mediante licitación pública. Everest S.A., la empresa compradora, se ha puesto prontamente a desmontar la antes protegida reserva salteña a fin de someterla al monocultivo de la soja, pese a que la comunidad indígena se ha movilizado denunciando la violación expresa de sus derechos constitucionales, la única respuesta ha sido y seguramente será en el futuro –si no se implementan serias medidas protectivas y de asistencia-, la consabida y remanida: Política de Estado.

J. R.